El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés quedó expuesto al ser denunciado por incumplir la Constitución provincial al evitar el envío del Presupuesto anual 2023 a la Legislatura.
La situación no sólo puso en evidencia que su gestión se desarrolla con prácticas que están al borde de la ilegalidad, sino que también existe una práctica sistemática de ocultamiento de los actos de administración de los bienes públicos.
Quienes sacaron a la luz estas prácticas irregulares fueron los legisladores provinciales del Frente de Todos.
“Las y los Legisladores Provinciales y Nacionales, Intendentes, Viceintendentes y Concejales del Partido Justicialista y del Frente de Todos de Corrientes exigen al Poder Ejecutivo Provincial la inmediata remisión -al Poder Legislativo local- del proyecto de ley de presupuesto provincial 2023; para que sea analizado, debatido y tratado en forma amplia, plural y transparente”, indicaron en un comunicado.
Explicaron, en este marco, que “los artículos N°118 (Inc. 7) y N°162 (Inc. 15) de la Constitución de Corrientes exige al Gobernador que envíe el cálculo general de gastos y recursos del Estado provincial, un mes antes de finalizado el Periodo Ordinario de Sesiones de la Legislatura”.
Indicaron también que “ese plazo finalizó este lunes 31 de octubre y el proyecto de presupuesto provincial 2023 no fue presentado, por lo tanto, el Gobernador Gustavo Valdés está incumpliendo con el mandato de la Constitución”.
Es por ello que los legisladores, intendentes, viceintendentes y concejales del Partido Justicialista y del FDT informaron que demandan la ejecución de obras públicas -hospitales, escuelas, viviendas, comisarías, rutas, caminos, puentes; inversión para productores, PyMEs e industrias- como también reclamos de mejoras salariales para los trabajadores estatales y la puesta en marcha de programas de inclusión social y de protección del medioambiente.
Puesto en evidencia, Valdés convocó de urgencia a los titulares de los ministerios de Hacienda, Educación, Salud y Obras Públicas para “abordar la Ley de Presupuesto que el Gobierno diseña para enviarlo a la Legislatura”, informaron fuentes oficiales del Gobierno.
Este hecho es un tácito reconocimiento que se incumplió la máxima ley del Estado provincial.
Tal es así que la reunión entre el Gobernador con parte del gabinete se desarrolló lejos de la Casa de Gobierno, en las instalaciones del Centro Administrativo de Capital, en el barrio San Benito de la ciudad de Corrientes.
Hasta allí arribaron los ministros Marcelo Rivas Piasentini, Práxedes López, Ricardo Cardozo, Claudio Polich y sus respectivos equipos técnicos.
Tras esto, se envió un comunicado. “Junto a los funcionarios, el Gobernador analiza y confecciona la presentación del mencionado Presupuesto, en lo que respecta a las proyecciones de gastos e inversiones para el año venidero, sobre todo en lo que atañe a infraestructura estratégica para que la provincia continúe por la vía del desarrollo y el crecimiento”, expresaron.
Lo que queda ahora es la redacción del proyecto de normativa, lo que implica confeccionar un complejo cuadro de proyecciones económicas, texto que debería ser enviado a la Legislatura.
Esto es porque el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución correntina señala que “se procederá a sancionar dicho presupuesto, tomando por base el vigente, si el Poder Ejecutivo no presentase el proyecto antes del último mes de las sesiones ordinarias. Si la Legislatura no sancionase el presupuesto general de gastos y la ley de impuestos, seguirán en vigencia para el año entrante las leyes existentes de presupuesto e impuestos en sus partidas ordinarias”.
La Constitución abre así la posibilidad latente de continuar con el cálculo anterior, es decir, administrar el Estado en base al presupuesto ejecutado en 2022.
Existe la posibilidad de tratar el Presupuesto en el recinto tras establecer la prórroga de sesiones y esto habilitaría la posibilidad de que ingresaran otros proyectos para el debate.
La tercera opción sería la convocatoria a extraordinarias. Lo que habilita al Ejecutivo a establecer unilateralmente la agenda de las sesiones, incluyendo así la normativa financiera.
