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29 marzo 2024

Denuncian connivencia de funcionarios para armar causas y encubrir trabajo esclavo

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Una jueza civil, comercial y laboral es acusada de tener empleados en negro en un campo, pero también de armar causas judiciales -con el aval de funcionarios gubernamentales- para encubrir estos hechos de explotación.

La situación fue denunciada por representantes de empleados que están detenidos debido a que la familia de esta funcionaria judicial los denunció por supuesto robo de ganado, justo después que habían reclamado un salario estable, obra social y reconocimiento ante la ley, es decir, que se los ponga en blanco.

Para lograr esto, la magistrada y sus familiares, habrían presionado a un fiscal, a jefes policiales y hasta a un ministro del Gobierno correntino.

El hecho que dio origen a esta concatenación de posibles actos de corrupción fue publicado en los medios de comunicación como un delito común.

Las crónicas policiales de los diarios del 4 de julio de 2022 informaron, en base a las gacetillas de prensa oficiales emitidas por la Policía de Corrientes sobre un “procedimiento” realizado en la Ruta Provincial 49 en el paraje “Nueva Esperanza” de Paso de los Libres.

Lo que se informó que la Policía Rural en un supuesto patrullaje preventivo interceptó una camioneta Chevrolet S-10 en la que se movilizaban tres hombres y que en la caja del rodado había dos ovejas y un ternero faenados.

La información oficial es que esas detenciones tuvieron lugar en la Ruta Provincial 49, a 500 metros de la Ruta Nacional 14.

Luego, en dos medios de comunicación de la Capital correntina, el supuesto dueño de esos animales salió a expresar su “indignación” por el hecho. Se trata de Nahuel Batalla, quien, entre otras cosas sostuvo en Radio LT7: “quise realizar otra denuncia (por la flagrancia), sólo me querían hacer una ampliación de la primera denuncia”.

Pero, estos dichos podrían ser parte de un entramado tendiente a montar un escenario, ya que distan mucho de la denuncia radicada contra el empresario y que tocaría también a su madre.

Procedimientos dudosos

La Estancia San Antonio se halla, cercano al paraje San Salvador, al Norte de la ciudad de Paso de los Libres.

En ese lugar, M.B.; S.V. y Rafael.V. ejercían como peones, subordinados a S.G. quien se desempeñaba como capataz.

Ellos habitaban precarias viviendas emplazadas en el campo.

Estos, al estar en situación irregular, habían reclamado el blanqueo a Nahuel Soria Batalla quien, en los hechos, es el administrador del campo de su familia.

Lo que exponen los representantes de sus ex empleados que, advertido de que podrían hacer un reclamo vía judicial, caviló un plan para echarlos “con justa causa”.

En esos días de julio, una familiar de Rafael V. cumplía años. Por ese motivo, este trabajador le habría solicitado a su patrón, Nahuel Soria Batalla la compra de un ternero a fin de cocinarlo para el festejo.

El estanciero habría accedido, pero el peón acordó intercambiar el animal por horas de trabajo en la estancia a fin de evitar el descuento de una sola vez, dado su bajo salario.

Según el expediente, “el hijo de la jueza le dijo que cuente con el ternero para realizar un asado con cuero en la fiesta y que él mismo le daría la orden al capataz S.G. para que lo tenga listo para el día sábado”.

Lo que ocurrió ese sábado es que S.V. le solicitó al señor D.S., un vecino, la ayuda para transportar el animal. Se sumó Roberto V. quien decidió acompañarlos.

Cuando llegaron al campo se encontraron con S.G., Rafael V. y M.B. quienes cargaron en el vehículo los animales que habrían sido faenados con autorización de Nahuel Soria Batalla.

Cuando iban en camino hacia la ciudad de Paso de los Libres, una patrulla de la Policía Rural interceptó ese rodado, supuestamente porque el jefe de esa Unidad había sido “alertado por un llamado anónimo” respecto de una comisión de delito en proceso.

La patrulla, que buscaba el vehículo señalado por “el llamado anónimo”, encontró la camioneta Chevrolet S-10 al costado de la Ruta Nacional 14, a 500 metros del empalme con la Ruta Nacional 117, porque había ocurrido un desperfecto. “Pero en el acta se puso que el hecho ocurrió en una Ruta Provincial, para no alertar del hecho a la Gendarmería Nacional”, indicaron fuentes cercanas a la causa.

En la ocasión fueron detenidos Roberto.V.; S.V. y el conductor de la camioneta D.S. Transportaban un animal bovino y una oveja, partida al medio.

Represalias

Luego del secuestro de los animales faenados, se presentó espontáneamente en la Unidad de la Policía Rural, el dueño del campo, Nahuel Soria Batalla, y trajo consigo a M.B. y Rafael V.

Exigió a que se tome denuncia del supuesto robo de sus animales y como consecuencia de este acto, se abrió el expediente Nº 20904/22, por supuesto delito de abigeato.

Según expusieron los peones, en la ocasión, el estanciero había exigido al efectivo policial en turno que tome dos denuncias, una por cada peón, pero el uniformado consultó la situación con el fiscal en turno, Mauro Casco.

El funcionario judicial le indicó al policía que debería tomar la denuncia a Rafael V. y el otro peón debería ser testigo.

Pero, al momento de tomar nota de lo ocurrido, es Nahuel Soria Batalla el que hace el relato, según consta en la denuncia.

En esa nota que da origen al expediente Nº 20904/22 se indica que el capataz habría sido parte de una organización dedicada al robo de ganado y se involucra también a los tres demorados.

Cumplido esto, el estanciero transportó a los dos peones a la casa de su madre, Rosa Batalla, Jueza Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Paso de los Libres.

Cuando ingresaron al inmueble, ubicado en pleno centro de la ciudad, los lleva a un garage, donde los obliga a sentarse en el piso y los encierra allí por el lapso de dos horas, según indica la denuncia.

En ese contexto, la funcionaria habría telefoneado a funcionarios del Gobierno para que instruyan a los Policías a que tomen la denuncia. Asimismo, la presión llegó a la Jefatura de Policía, a cargo del comisario general Arnaldo Molina.

Luego, entraron al recinto la jueza, su hijo y un abogado. “La jueza nos dijo que teníamos que ir al correo y presentar nuestra renuncia. Pero yo le dije que no puedo renunciar porque estoy en negro hace casi un año”, relató M.B., una de las víctimas.

“Te voy a hacer mierda. No vas a tener laburo nunca más en tu vida en ningún lado”, vociferó el hijo de la funcionaria.

Acto seguido, abrió el lugar y obligó a los peones a subir a una camioneta con la que fueron trasladados nuevamente a la comisaría de la Policía Rural.

En ese lugar fueron recibidos por el comisario mayor Leandro Vignoles, titular de esa dependencia.

Este funcionario policial dialogó con el empresario ganadero y tras esto inició una nueva acta de denuncia. En esta figura como denunciante M.B. pero no es él quien narró los hechos, sino el mismo Soria Batalla.

Le advirtieron que si hablaba sería encarcelado y acusado de haber colaborado en el robo de ganado y fue por ello que se vio obligado a firmar esa denuncia.

El expediente judicial indica que lo que ocurrió luego -según los dichos del comisario Vignolles- “entre la primera y la segunda denuncia habría recibido los llamados a su celular del Ministro de Seguridad de la Provincia, del jefe de la Unidad Regional IV, Pedro Rolón; del jefe de policía, Alberto Molina y del dueño del diario el Libertador, intimándolo a tomar la segunda denuncia, contra de lo dispuesto por el fiscal Casco y tuvo que tomar la misma para apaciguar y por el revuelo que le habían hecho”.

En esta segunda denuncia -que origina el expediente Nº 20927/22-  es también Nahuel Soria Batalla el que hace el relato que consta en el acta. En él, indica que S.G. es el jefe de la organización que supuestamente sustrajo animales de su campo.

“Lo que se puede inferir es que ésta sería una estrategia propia para justificar el despido del capataz del campo, el mismo que hace tiempo le reclamó contar con obra social”, explicaron fuentes que intervienen en el caso.

En la misma denuncia, se indica que el mismo “denunciante”, M.B. se auto incrimina, por lo que seguidamente, se lo encarcela.

Desde entonces perdió la posesión de sus bienes -una moto y muebles- que estaban en el campo donde trabajaba y la esposa fue desalojada.

Ahora, lo que se impulsa no es sólo la concatenación de actos de corrupción denunciados, sino también la posible comisión del delito de explotación laboral por parte de la jueza -Civil, Comercial y Laboral- y su hijo.

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