Una movida mediática tendiente a presionar la voluntad de funcionarios judiciales, sumada a la intervención de al menos un ministro para condicionar el accionar de un fiscal, es el inicio de un complejo entramado de situaciones tendientes a proteger a una jueza acusada por un peón rural por presunta reducción a la servidumbre de peones rurales, privación de la libertad y amenazas.
El caso involucra a la jueza civil y comercial de la ciudad de Paso de los Libres, Rosa Batalla como también a su hijo Nahuel Soria Batalla, ambos señalados como imputados de graves delitos según indica el expediente 22527/22 de la Unidad Fiscal de Investigaciones de esa ciudad.
La víctima, un peón rural que trabajaba en el campo de la funcionaria denunció que el pasado 2 de julio, fue presuntamente privado de la libertad, amenazado y hasta que se le endilgó delitos inexistentes.
Todo esto padeció como represalia porque reclamó su paga de haberes, que se blanquee como trabajador y solicitó la cobertura de una obra social para su grupo familiar.
El trabajador cumplía tareas en la estancia San Antonio -de la familia Batalla- en la zona rural del departamento de Paso de los Libres.
“Hace siete meses que trabajaba en ese campo, en negro, sin horario y sin obra social. Había meses que me pagaban $25.000, otros 20.000, otros 30.000, no tenía sueldo fijo”, denunció la víctima.
Pero no es el único trabajador en esa situación. También el encargado del campo, S.G. también estaría en esa situación irregular, pese que su responsabilidad era mayor. Este, hacía al menos cuatro años que se desempeñaba en ese cargo.
Este trabajador también habría pedido ser registrado legalmente debido a que su esposa estaba pronto a dar a luz y pretendía que su familia tuviese cobertura de salud.
Ante la situación, el administrador del campo, Nahuel Soria Batalla, con el aval de su madre, Rosa Batalla, jueza en lo civil, comercial y laboral de Paso de los Libres, habrían acusado a sus peones de haberles sustraído animales.
Por su parte, los peones denunciaron es que esas acciones serían parte de un ardid jurídico para ocultar la explotación laboral en y las serias irregularidades tributarias en los que incurrirían la dueña de ese campo, una jueza laboral.
Para ello, los ganaderos denunciados hicieron uso de medios de comunicación de la Capital correntina, a fin de expresar la “indignación” por los delitos rurales.
No es la primera vez que la jueza se ve envuelta en un escándalo.
El 4 de agosto, un abogado la denunció por prevaricato, solicitando que la funcionaria sea llevada a Juicio Político por su falta de probidad para el cargo.
La acusación del letrado Oscar Tovani es que emitió resoluciones violatorias a la ley vigente en perjuicio de una familia en la que hay cinco niños.
