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Corrientes
26 mayo 2022

Piden que se fije fecha para enjuiciar a un integrante de la patota de Miguel Etchevere

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El Fiscal Federal ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer solicitó que se fije fecha para enjuiciar a Gustavo Percara y a otros siete empresarios, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

En esta uno de los “patovicas” de Miguel Angel Etchevere, ex ministro  de Agroindustria durante el Gobierno de Mauricio Macri, está acusado de aprovecharse de la necesidad de personas para hacerlas trabajar en una plantación de pinos en condiciones infrahumanas.

El hombre se hizo conocido el jueves último por impedir el trabajo de una periodista el canal @C5N que cubría el conflicto de los hermanos Etchevere que se disputan un campo en Entre Ríos.

En esa oportunidad, Percara impidió el paso a la trabajadora del canal de televisión hacia el interior de la estancia.

“Ya lo hablamos mi amor con vos, estás usurpando como ellos. Hacé la nota afuera”, y siguió, el erigido portavoz: “Salimos lindos? Yo soy Gustavo Percara, de Chajarí, Entre Ríos”.

Mientras esto ocurría en el Tribunal Oral Federal de Corriente se tramitó un pedido del Ministerio Público Fiscal para que se fije en forma urgente la fecha para enjuiciar por explotación laboral a Gustavo Percara, a quien se lo procesó en 2017, aunque se le concedió que espere el debate en libertad.

Junto a él están procesados sus hermanos Enrique Juan Percara y Diego José Percara.  Pesa sobre sus bienes embargos de $100.000 y $200.000.

Los tres están acusados de ser coautores de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, por ser los dueños de la empresa forestal El Batelito, radicada en Chajarí, pero con emprendimientos el Corrientes.

La causa se inició por una denuncia de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la DGI-Administración Federal de Ingresos Públicos.

Citación del debate que fue prorrogado.

Lo que advirtieron los funcionarios nacionales es que la firma de los Percara no sólo había incurrido en delitos tributarios, sino que también tenía empleados no registrados.

Ante esto, se activó una causa penal en conjunto con el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), sección Paso de los Libres.

Lo que derivó a un allanamiento en plantaciones de eucaliptus y pino de esa firma. El operativo fue el 8 de febrero de 2011.

En la oportunidad se ingresó a una de las fincas, ubicada a más de 30 kilómetro del centro urbano más cercano.

Allí los efectivos de la Gendarmería junto con los inspectores de Uatre y los de Afip, rescataron a 21 trabajadores que se hallaban en condiciones infrahumanas, que dormían en un colectivo en desuso, carecían de agua potable, electricidad y comida.

En la otra plantación había 19 víctimas en similares condiciones. En agosto de 2017, Martínez dio por cerrada la investigación y pidió juicio oral y público para Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara; Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel, Mónica del Luján Nabone y José Querubín Holsbach,

La causa que lleva el número 33021110/2011 fue elevada a juicio y en marzo pasado se fijó fecha de debate para el 5 de mayo.

Pero, días antes de esa fecha, uno de los abogados defensores pidió una prórroga, pero ocurrió la pandemia de coronavirus que obligó a suspender el juicio.

Debido a que los imputados no están detenidos y existen medios técnicos para realizar el juicio en forma remota el fiscal Carlos Adolfo Schafer solicitó al Tribunal Oral Pena de Corrientes que en forma urgente establezca el día y la hora del debate, por medio de los medios técnicos adecuados para tal fin.

Asi, los Percara, integrantes de la patota de Etchevere deberán ser juzgados por delitos que contempla la pena de hasta 15 años de prisión.

Explotadores y evasores

Para evitar el registro de personal, la firma El Batelito se valió de una cooperativa de trabajo de dudosa legalidad fundada en Misiones.

El colectivo era usado como vivienda. No había agua ni electricidad.

Los directivos de la cooperativa, Rolando Abel Díaz, Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone se encargaban de incorporar asociados que desarrollen las tareas específicas en el contrato de locación de servicios para la firma de Gustavo Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara.

Los empleados eran personas de escasa condición económica, con necesidades básicas insatisfechas y a quienes les urgía un trabajo;  domiciliados en la provincia de Misiones.

Debido a la lejanía de la plantación se les exigía quedarse en el lugar durante aproximadamente 45 días. Pero ellos no firmaron un contrato con la empresa de los Percara, para la que prestaban sus servicios, sino que firmaron una solicitud para asociarse a la cooperativa, para trabajar a nombre de esta institución.

Carne podrida

Durante los allanamientos a los campos los agentes federales pudieron comprobar que los obreros dormían hacinados en un colectivo viejo y una especie de casilla de metal, sin agua potable, ni luz ni baños, y que no contaban con los elementos necesarios para conservar los alimentos a consumir.

Uno de los numerarios que participó en el operativo sostuvo que vio carne tirada en una tabla a la intemperie llena de moscas y trozos de carne vacuna cruda adentro del colectivo expuestas a la intemperie.

Los trabajadores detallaron además que no contaban con un botiquín de primeros auxilios ni con la ropa adecuada para el tipo de tareas que realizaban.

También indicaron que los imputados tenían un almacén a través del cual los trabajadores se proveían los alimentos. Sin embargo, luego eran descontados del dinero que percibían.  

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