Federico G. A. Zamudio.
El Gobierno de Gustavo Valdés todavía no entregó totalmente el subsidio destinado a asistir al área rural luego de la crisis ambiental causada por los incendios y la sequía.
Los pequeños productores rurales correntinos continúan con los reclamos, pero en forma infructuosa, de la parte que les corresponde de los 1.300 millones de pesos que envió el Gobierno del presidente Fernández para que puedan sostener la producción luego de haber sufrido irreparables pérdidas, pero el gobernador correntino digitó a su conveniencia el reparto del dinero, privilegiando en primer lugar a los grandes productores nucleados en la Sociedad Rural, en segundo lugar a algunos medianos e ignorando a los pequeños.
Las quejas provienen de casi toda la provincia -incluso y en menor medida de su Ituzaingó natal-, ya que la mayoría de los municipios que no están comandados por el poder del partido gobernante recibió directamente el apoyo económico de la Nación, evitando con esto la desaparición de la asistencia. Desde hace varios meses los damnificados realizaron los trámites de empadronamiento de los afectados por el evento climático y el siniestro ígneo, y solo están a la espera de los fondos que abultaron las arcas provinciales, pero cuyo destino no es el que se esperaba.
La situación de los tabacaleros de Goya está en un punto de crisis tal que están evaluando cortes de ruta para visibilizar el reclamo, ya que solo el 40 por ciento de los productores recibió el subsidio, con la entrega determinada a dedo por el ministro de la Producción, Claudio Anselmo, súbdito incondicional del Estado provincial.
Asimismo, integrantes de la Federación Nacional Campesina de San Miguel realizaron una movilización hasta la capital correntina, hasta las puertas del Ministerio de la Producción y la Casa de Gobierno, para reclamar los fondos que les corresponden, pero las respuestas a sus justos pedidos fueron nulas. Un estado de cosas semejante sufren en Perugorría (solo el 50 por ciento de los productores recibió la subvención) y en Santa Lucía, cuyo intendente declaró públicamente que se siente discriminado por no pertenecer al mismo color político del gobernador.
Curiosamente, el mandatario de ECO-Cambiemos no para de usar un trillado discurso, que a su modo de ver lo encumbra y puede catapultarlo a la Presidencia de la Nación: la permanente exigencia de fondos nacionales alegando falta de asistencia, a pesar de ser la segunda provincia con mayores asignaciones al haber recibido más de 73.000 millones de pesos hasta mayo del corriente año.
De esta manera, se ve a las claras la compulsiva intención de posicionarse en la vereda de enfrente del Estado nacional, a punto tal que llegó a promover con sus declaraciones la evasión fiscal y el contrabando.
