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Martín Ascúa repudió el uso del lawfare contra las instituciones democráticas de Corrientes

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Federico G. A. Zamudio.

El intendente de Paso de los Libres tuvo una activa participación en el encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM) realizado en Santiago del Estero.

Con la presencia de intendentes de los municipios de las provincias del Norte Grande argentino se realizó una reunión del comité ejecutivo, presidido por Fernando Espinoza, jefe comunal de La Matanza (Buenos Aires), y donde el jefe comunal correntino destacó: “La FAM es una herramienta estratégica para que podemos seguir con inversiones en las obras públicas y los programas para promover el trabajo y la producción en Libres y el resto de la provincia, gracias al compromiso de la Nación. Hay una histórica inversión nacional en Corrientes, y se vienen muchos proyectos más”.

Asimismo, manifestó: “La histórica inversión nacional en Corrientes se debe a las gestiones de los intendentes ante la Nación, para promover la economía en cada localidad de la provincia”.

En ese orden, afirmó: “Asistimos con otros intendentes de Corrientes, Raúl Hadad (San Roque) y Hugo Benítez (Esquina), porque nuestros Municipios hoy son parte importante de la mirada federal y estratégica que tiene nuestro Gobierno nacional para promover las economías locales y regionales”.

Además, expuso ante la FAM la grave situación por intento de golpe institucional, político y judicial que padece el Municipio de la ciudad de Mercedes, donde la alianza ECO pretende perjudicar al legítimo intendente, Diego Caram.

Al respecto, señaló: “En la provincia de Corrientes el lawfare o persecución judicial de oponentes políticos es utilizado sistemáticamente. Desde hace más de 20 años la provincia es gobernada por una fuerza electoral que construyó un aceitado aparato judicial que ejerce un control exhaustivo de oponentes y adversarios políticos”.

En ese orden, agregó: “El absurdo procesamiento del intendente de la localidad de Mercedes, el cual fue ratificado por la Cámara de Apelaciones sin ninguna prueba fehaciente que involucre al jefe comunal y con una calificación legal absolutamente descabellada, no hace más que demostrar la explicita utilización de este mecanismo de persecución en nuestra provincia. Esto, sumado a las ilegalidades manifiestas expuestas a través de numerosos fallos dictados por la justicia electoral provincial, hacen de nuestra provincia una de las jurisdicciones con menor calidad institucional del país”.

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