Ingrind Jetter y Estela Regidor fueron denunciadas penalmente en en los Tribunales de Comodoro PY. VIDEO
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría será la responsable de investigar a las dos legisladoras nacionales por Corrientes que fueron denunciadas por el delito de “fraude a la administración pública”, por quedarse con sueldos de sus asesores.
La magistrada entenderá en la causa contra Estela Regidor -ex encargada del IPS Corrientes y de la Anses en la misma ciudad- y la ex intendente de Riachuelo, Ingrid Jetter, ambas acusadas de amenazar a empleados legislativos para quedarse con los haberes que cobraban.
La denuncia fue realizada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien las acusa de integrar una asociación ilícita para cometer fraude a la administración pública, ejercer abuso de autoridad y de violación de los deberes de funcionario público.
En el escrito que presentó el letrado citó, como testigo a María Andrea Cappa, ex asesora de Ingrid Jetter, a quien había denunciado administrativamente. También solicitó que se investigara a Estela Regidor, luego de que trascendieran audios en los que ella explicaba un complejo circuito de recaudación de los sueldos de los empleados legislativos a su cargo.
Ambas legisladoras representan a Corrientes en la Cámara de Diputados de la Nación y pertenecen a Cambiemos. Ingrid Jetter fue la presidente del PRO y actual directora de la fundación Pensar.
En tanto, Estela Regidor es una colaboradora directa de Ricardo Colombi, presidente de la Unión Cívica Radical, ya que ambos provienen de la ciudad de Mercedes, Corrientes.
Los supuestos pedidos de dinero que hacía Regidor fueron expuestos en medios periodísticos. Se trata de audios en los que se escucha como la diputada les explica a sus asesores que solo cobrarían la mitad del salario, mientras que el resto le será entregado directamente bajo amenaza de rescindir contrato a quien no esté de acuerdo.
“Van a cobrar 40.000 pesos cada uno, el resto es reintegro”, sostuvo. En los audios mismos se escucha: “Yo sé, vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato”.
“Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro”, reconoció la legisladora respecto a un hecho claramente lindante a lo delictual.
En el diálogo con sus asesores explicó claramente cómo funciona el sistema de recaudación: “Vos tenés que tener un sobre de cada uno, tenés que hacer el recuento y yo te voy a decir cada mes a quién se lo tenés que llevar y entregar. Vos te encargás de ellos y yo me encargo de lo mío. Lo mío es mío. Tu recibo en mano dice 80, en un sobre pones 40 y 40 te lo quedas”.
En tanto, respecto de Ingrid Jetter, la denuncia fue realizada en la oficina de asuntos internos de la Cámara de Diputados de la Nación. La denunciante es María Andrea Cappa Piazza -esposa de Leonardo Ortiz, secretario general adjunto de la CTA Autónoma de Corrientes-, quien habría sido empleada de la legisladora.
Ella la denunció en público haber sido obligadla a entregar, a personas que ella le iba indicando, parte de su salario todos los meses. Además, expuso los chats de WhatsApp en los que la diputada la amenaza con que “el que no lo hace, se va”.
La denunciante fue asesora de Jetter durante todo 2020 e integró la planta transitoria de empleados de la Cámara baja, en el Congreso nacional. Pero su vínculo laboral con la diputada, que fue electa en diciembre de 2019, existía desde 2016.
Durante 2020 las sumas mensuales que se acreditaron en la cuenta sueldo de Cappa oscilaron entre los 70 y 85 mil pesos, pero la diputada le dijo a su asesora que debía “dirigir” una parte de su salario a distintas personas que ella le ordenara. Así, debía resignar unos 25 mil pesos por mes (de un sueldo entre 70 y 85 mil) que era obligada a “devolver”. Lo cierto es que al finalizar ese año, Cappa fue desvinculada de la Cámara de Diputados.
Ingrid Jetter -además- está encausada en Esquina por posible incumplimiento de sus deberes de funcionaria, cuando estaba a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad en Corrientes, porque debido a la falta de mantenimiento de las vías de tránsito se cayó un puente. Esto derivó en otra acusación, esta vez por homicidio, porque un automovilista cayó en ese puente roto y murió ahogado en el río Corriente, cerca de Esquina.
La denuncia
El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten denunció “la existencia de una organización que se dedicaría a cometer este delito, pues para llevarlo adelante se verificaría la existencia de más de tres personas que han formado un gran grupo (posiblemente hasta inscriptos como partido político)”.
Además de asociación ilícita, habría un posible pago de dinero a cambio de otorgar “contratos”, cuyos orígenes en definitiva son públicos, salidos del erario estatal, lo que constituiría la comisión del delito de fraude contra la administración pública.
El denunciante pidió que se tomen medidas en la Cámara de Diputados. Consideró que “toda vez que en los audios que se conocieron cuando la denunciada fue Estela Regidor, se advertía que “muchos diputados” sostenían la misma práctica, sería conducente que proceda al allanamiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a los fines de secuestrar todos los expedientes de las contrataciones correspondientes a empleados de los diputados denunciados y de su bloque, así como las casillas de emails de los funcionarios, en busca de información que aporte claridad a la investigación”.
El letrado acusa también al diputado Alberto Asseff, de la provincia de Buenos Aires. Este último había ejercido presión contra su asesor, Daniel Vico, a quien también le había reclamado la entrega de su sueldo como funcionario legislativo.
