El gobierno de la provincia de Corrientes impulsa un proyecto que establece el cobro de servicios en el sistema de atención hospitalaria.
La normativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores provincial, busca implementar un sistema de “Recupero de Gastos del Servicio de Salud” en los hospitales públicos de la provincia, bajo el argumento de optimizar recursos y mejorar la infraestructura sanitaria.
El proyecto fue presentado por los senadores Diógenes González y David Rolando Dos Santos, ambos de la Unión Cívica Radical. González, abogado y autodeclarado especialista en “desarrollo humano”, y Dos Santos, médico de profesión, sostienen que la normativa permitirá “reforzar el sistema de cobranza de los hospitales” y mejorar los recursos del sistema de salud. Sin embargo, esta propuesta implica el arancelamiento de los servicios en hospitales públicos, lo cual generaría que los pacientes deban abonar por la atención recibida, similar a las clínicas privadas.
La propuesta ha suscitado polémica debido a que los usuarios de los servicios de salud pública, principalmente personas de bajos recursos, se verían obligados a pagar por prestaciones que, hasta el momento, son gratuitas.
Objetivos y fundamentos
En la fundamentación del proyecto, los legisladores destacan que los ingresos generados mediante el cobro a los pacientes serán reinvertidos en el sistema de salud. Los fondos recaudados estarían destinados a mejorar la infraestructura, adquirir insumos y brindar servicios médicos adicionales en los hospitales provinciales.
“Es para reforzar el hospital; el hospital primero atiende y después cobra”, explicó González, quien también detalló que el arancel cubriría costos derivados de accidentes de tránsito, accidentes laborales y seguros de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).
Impacto y desigualdades
La iniciativa tendrá un fuerte impacto en el Hospital Escuela José Francisco de San Martín, el principal centro de referencia de la provincia y destino de casi el 90% de los pacientes con traumas por accidentes. La mayoría de estos pacientes son motociclistas de barrios vulnerables, en muchos casos sin recursos económicos suficientes para afrontar el pago de los servicios médicos.
Otros pacientes son trabajadores de escasos recursos que se desempeñan en situación informal, sin seguros y en forma autónoma por fuera del sistema previsional.
Los autores del proyecto sostienen que pretenden hacer pagar los servicios a las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART), a los afiliados al Instituto de Previsión Social (IPS) y a otras obras sociales, pero lo real es que estas instituciones ya están obligadas a abonar los servicios de sus afiliados.
Es por ello que la situación genera preocupación sobre el acceso equitativo a la atención sanitaria, porque podría generar desigualdades para quienes no cuentan con estos seguros o con recursos monetarios suficientes.
Antecedentes
La idea de arancelar la salud pública en Corrientes no es nueva. Antes de la reciente crisis económica provocada por la administración nacional de Javier Milei, el legislador González, en 2022, había impulsado una propuesta similar con el aval del gobernador Gustavo Valdés. En ese momento, se planteó la posibilidad de cobrar servicios a los extranjeros atendidos en los hospitales correntinos.
El texto pasó a la Cámara de Diputados, pero perdió estado parlamentario.
A principios de 2024, González y Dos Santos volvieron a insistir con el cobro de servicios, argumentando que los extranjeros deberían abonar por la atención en el sistema de salud pública de Corrientes.
Lo que proponen es conveniar por medio de Cancillería del Servicio Exterior de la Nación un sistema con el que la provincia de Corrientes pueda enviar la factura a otro país.
Pero el oficialismo correntino intenta también implementar el arancelamiento de la salud pública para argentinos, argumentando la falta de fondos nacionales como uno de los factores determinantes. Esta iniciativa, no obstante, ha generado preocupación entre los sectores de menores recursos, que dependen exclusivamente de la salud pública para acceder a servicios médicos esenciales.
Polémica y legalidad
La normativa presentada en la Legislatura correntina podría ser objetada en la Justicia, debido a que en nuestro país la Salud Pública como Derecho inalienable.
Esta propuesta de arancelar la salud pública en Corrientes, lejos de ser una medida aislada, forma parte de una tendencia que busca limitar el acceso gratuito a servicios de salud, afectando principalmente a los sectores más vulnerables, al tiempo que no garantiza el cumplimiento de los Derechos Humanos a personas nacidas en el extranjero.
En términos reales, esta iniciativa, impulsada con el objetivo de generar ingresos a través del cobro de servicios en hospitales públicos, contradice el marco legal y ético que sostiene el derecho a la salud como un bien fundamental y protegido en Argentina.
Antecedentes y Marco Constitucional
En Argentina, el derecho a la salud se encuentra consagrado en la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 42°, y se refuerza mediante tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados en el artículo 75° inciso 22. Este marco legal establece una responsabilidad clara para el Estado en garantizar el acceso universal a la salud, sin distinciones ni barreras económicas.
La salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, es fundamental para el desarrollo de una vida digna y en pleno ejercicio de los derechos humanos.
La implementación de aranceles en los servicios de salud pública podría provocar una brecha aún mayor en la accesibilidad de atención médica para sectores de bajos ingresos, que dependen de los hospitales públicos para obtener tratamiento. De hecho, la privatización de servicios básicos como la salud suele generar desigualdad y exclusión, al trasladar costos que muchos no pueden afrontar, y prioriza el beneficio económico sobre el bienestar general. En este contexto, las personas de escasos recursos o aquellas que viven en zonas rurales serían las más afectadas, ya que, en muchos casos, no cuentan con servicios privados accesibles en sus localidades y dependen exclusivamente de la red pública.
Fundamentos Éticos y Precedentes Judiciales
El derecho a la salud no solo es un imperativo legal, sino también un compromiso ético que Argentina ha asumido a nivel internacional y ratificado en numerosos fallos judiciales. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ha determinado en reiteradas ocasiones que el acceso a tratamientos y medicamentos constituye una obligación ineludible del Estado, independientemente de las circunstancias económicas. En el fallo “B.R.E. vs. Policía Federal” (Fallos 319:3040, de 1996), la Corte defendió el interés público de la salud sobre otros derechos, estableciendo un precedente sobre la obligación del Estado de proteger la salud de la población incluso en contextos difíciles.
Contexto Económico y Recursos Públicos
El argumento de que la privatización se justifica por la falta de recursos es engañoso, ya que existen otras medidas para optimizar el financiamiento de la salud pública sin comprometer el acceso universal. La crisis económica no debería ser una excusa para reducir la inversión en servicios esenciales, como la salud, sino una oportunidad para reforzar políticas de apoyo estatal y equidad social. La gestión de la salud pública debe priorizarse en los presupuestos, asegurando una atención inclusiva y eficiente para todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
Es así que la ley impulsada por el Gobierno de Corrientes atentaría contra el derecho a la salud que es inalienable y debe ser garantizado por el Estado sin restricciones económicas, de raza, nacionalidad, religión o de orientación sexual que impidan el acceso a la atención médica.
En lugar de promover la privatización, es necesario fortalecer los sistemas de salud pública, optimizar los recursos y buscar alternativas sostenibles de financiamiento.
Es evidente que el “recupero” que pretende hacer el Gobierno correntino es por medio de la privatización de la salud pública y esto violaría los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales, pero al mismo tiempo perpetuaría la desigualdad, afectando a quienes más necesitan del amparo estatal.
