Un amparo presentado contra el aumento de los boletos de los colectivos aún duerme en los cajones de un juzgado provincial en Corrientes.
La presentación la realizó la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes, pero la Justicia aún no se expide.
El pedido persigue el objetivo de frenar el reciente aumento en la tarifa del servicio público de transporte urbano de pasajeros con una “medida cautelar urgente de no innovar”.
Esto implicaría la suspensión inmediata de la nueva tarifa de colectivo de 1.290 pesos.
En su lugar, la organización demanda que se mantenga la tarifa previa de $990 hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, argumentando irregularidades en el proceso que llevó a la implementación del incremento.
La presentación indica que el aumento no ha seguido el procedimiento legal y constitucional adecuado, lo que lo convierte en un acto “arbitrario, irrazonable, injusto, infundado, ilegal e inconstitucional”.
En su presentación, la organización subraya que no se cumplió con la obligación de convocar una audiencia pública con los plazos y requisitos estipulados por la ley provincial.
Indica que el plazo para la inscripción de participantes fue excesivamente corto, y que la audiencia realizada el 4 de octubre de 2024 no cumplió con las garantías necesarias para garantizar una verdadera participación ciudadana.
Uno de los puntos más controversiales es el hecho de que, entre la primera y la segunda lectura del proyecto, no hubo un período suficiente de difusión y análisis del expediente.
La presentación expone que de acuerdo con la Ley Provincial de Audiencias Públicas N° 5982, entre la primera y la segunda lectura debe mediar un plazo no menor a 30 días, algo que en este caso no ocurrió, ya que se aprobó la nueva tarifa en menos de 14 días.
La Asociación considera que esta aceleración del proceso no permitió un debate serio y fundamentado sobre el aumento de la tarifa, lo que podría haber afectado los derechos de los usuarios del transporte público.
El aumento tarifario no es solo una cuestión de procedimiento, sino que también tiene implicaciones económicas significativas para los usuarios.
Según los datos presentados, el nuevo costo de 1.290 pesos por boleto representa un incremento del 645% respecto a la tarifa de 200 pesos en enero de este año.
Este aumento coloca a la ciudad de Corrientes como la tercera con el boleto más caro del país, solo detrás de Pinamar y Pergamino. Para una persona que trabaja a doble turno, el gasto en transporte urbano podría superar los 100.000 pesos anuales, lo que equivale a un 40% del salario mínimo mensual de 271.571 pesos, sin contar los gastos de una familia tipo.
Además, la Asociación critica el impacto que este aumento tiene en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, quienes se han visto obligados a recurrir a medios de transporte alternativos, como las motocicletas, con el riesgo de aumentar los accidentes de tránsito.
Este fenómeno ha sido respaldado por un informe de la Defensoría de los Vecinos, que señala un incremento significativo en la congestión vehicular debido a la falta de opciones accesibles de transporte público.
El aumento también afecta al servicio “experimental” de AEROBUS, que conecta el Aeropuerto Internacional de Corrientes con el centro de la ciudad. La tarifa de este servicio pasó de 2.000 a 7.740 pesos, un incremento del 287%, y no fue debatido en la audiencia pública, lo que refuerza la crítica de la Asociación sobre la falta de transparencia en el proceso.
La Asociación de Usuarios y Consumidores también destaca la contradicción del gobierno municipal, que, a pesar de haber otorgado subsidios millonarios a las empresas de transporte, no ha logrado justificar el aumento de las tarifas.
Según la organización, el monto de los subsidios otorgados en 2024 asciende a 1.650 millones de pesos, lo que plantea la pregunta sobre por qué, a pesar de este apoyo económico, las tarifas deben aumentar tanto.
Por último, la entidad denuncia una “artimaña” del municipio al publicar los actos relacionados con el aumento de tarifas en el Boletín Oficial solo después de que los usuarios lo reclamaran públicamente.
También remarcan que existe falta de publicidad adecuada y la opacidad en la toma de decisiones se suman a las críticas de los usuarios sobre la gestión del servicio de transporte público en la ciudad.
Mientras tanto, los ciudadanos de la capital correntina se enfrentan a un escenario de creciente presión económica, con tarifas que se alejan cada vez más de la realidad social y económica de la ciudad.
