La Justicia de Corrientes, a través de un fallo del juez de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5, Edgardo Frutos, puso en evidencia la grave falta de políticas sociales y sanitarias en la provincia, señalando el abandono por parte del Estado hacia los sectores. más vulnerables de la sociedad.
El caso de una adolescente de 16 años y su hijo, ambos en condiciones de extrema vulnerabilidad, es un ejemplo contundente de las ineficientes políticas del gobierno de Gustavo Valdés.
El caso fue impulsado por la defensora de Pobres y Ausentes N° 2, Nora Rosana Maciel, quien presentó una petición para que el Estado provincial atienda la situación de pobreza y abandono de una joven recientemente externalizada del Hogar María Nazareth, mientras que su hijo continúa institucionalizado en el Hogar Tía Amanda.
En representación de la adolescente FCA y su hijo, Maciel solicitó medidas urgentes que garanticen la protección integral de ambos. La defensora criticó duramente a la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (DIPNA) por no haber implementado un plan de acción para prevenir la separación de la joven y su hijo tras su salida del hogar.
“La Dipna debía trazar un plan de acción para ambos. Es decir, desarrollar un plan de fortalecimiento familiar, acondicionamiento de la vivienda familiar, trabajar las cuestiones educativas de la familia para que tanto la menor como su hijo regrese a sus vidas”.
El caso pone de aliviar la desatención del Estado en situaciones de vulnerabilidad extrema. Según Maciel, la joven fue forzada a abandonar el hogar sin la mínima provisión de herramientas para enfrentar su situación. “Urgió la salida de la menor del hogar sin considerar transporte y provisión de tarjeta SUBE sin costo para que pueda ver a su hijo en la Tía Amanda diariamente, como le notificación on que debía hacerlo, y concurrir a la escuela de Plan Fines”
Además, en su resolución, el juez Frutos instó al Ministerio de Justicia de la provincia, del que depende la DIPNA, a revocar una medida cautelar de 2022 que mantenía al hijo de la adolescente en el Hogar Tía Amanda, y ordenó su egreso en el plazo de diez días para que pueda reunirse con su madre.
Estado ausente
El caso de esta menor no solo pone en el centro del debate la situación de pobreza en Corrientes, sino también la ineficacia de las acciones políticas del gobierno provincial para atender las necesidades más urgentes de sus ciudadanos. “Exigirle a quienes viven abandonados de las políticas públicas de bienestar que remen por su propia cuenta y que salgan adelante como puedan (…) constituye una falacia y una inhumanidad que atenta contra las directivas de la propia Convención de los Derechos del Niño”, sentenció la defensora Maciel en su alegato, dejando en claro que las carencias no son solo materiales, sino también de acción estatal.
El fallo es una señal más del grave abandono por parte del Estado hacia los sectores más vulnerables en Corrientes. Las políticas implementadas hasta el momento han demostrado ser insuficientes para resolver problemas estructurales de pobreza, vivienda y salud.
Este caso, lejos de ser aislado, es una muestra más de la urgente necesidad de cambios profundos en la gestión social y sanitaria en la provincia, que aún deja a gran parte de su población al margen del acceso a derechos básicos.
