En la campaña el mandatario provincial “siempre vamos a estar con el campo”, bueno hace una semana que están bajo agua con perdidas millonarias en el sur provincial y los funcionarios tampoco aparecen.
El nuevo Gobierno nacional, imbuido en otras batallas, aún no se dio por enterado de lo que sucede en el Taragüí.
Los pequeños agricultores son, por ahora, los más afectados. La ganadería se quedará sin pastizales. Arroceros evalúan pérdidas.
Al menos media docena de municipios desde Mercedes, la primera en recibir el vendaval durante el fin de semana pasado, hasta Perugorría, cuya zona rural ha quedado bajo agua por el desborde del río Corriente, declararon la situación de emergencia y activaron los mecanismos de asistencia que tienen a su disposición. Los intendentes de Santa Lucía, Esquina y otras tantas localidades de la zona sur y centro de la provincia adoptaron idéntica determinación, a la espera también de una presencia más activa del Gobierno provincial, que se demora en mover la logística. Muchos funcionarios están de vacaciones.
En Bella Vista la radical Noelia Bazzi, que tuvo que hacer frente a un tornado en la víspera de fin de año, también declaró la emergencia y allí todavía siguen trabajando activamente para reponer el servicio de energía a pobladores de parajes rurales. Eso fue el inicio de todo, la Capital de la Naranja se transformó en zona de desastre.
Las lluvias torrenciales que le siguieron al viento tormentoso de fines de diciembre -en algunos lugares cayeron más de 400 milímetros de agua- provocaron daños en toda la región, sobre todo al sector productivo, que ya se apuró a pedir que las autoridades comiencen a gestionar ayuda.
Por lo pronto, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes salió a advertir que los productores de la provincia están en emergencia por la situación climática y reclaman presencia oficial. En un comunicado que se conoció en las últimas horas, la entidad señaló que las inundaciones “han transformado drásticamente el paisaje” y colocan al sector productivo ante “condiciones extremas”.
El pronunciamiento describe que hay comunidades aisladas, con viviendas inundadas y dificultades para acceder a servicios esenciales. “La seguridad y el bienestar de los residentes locales están en grave riesgo”, indica. En esa línea reclaman a las autoridades provinciales y nacionales “implementar medidas de emergencia para mitigar los impactos negativos en la población y la economía” y sostienen que “la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es esencial en momentos de crisis como este”.
Algo parecido ya sucedió hace dos años cuando la provincia estaba envuelta en llamas.
A todo esto Pedro Tomasella, presidente de la Asociación de Arroceros de Corrientes, expresó que las lluvias torrenciales desequilibraron la dinámica del proceso productivo en el sector arrocero: “Venía favorable con el clima que estábamos teniendo hasta que ocurrió este fenómeno llamativo que provocó una catástrofe en algunas áreas”.
Tomasella se refirió a la cantidad de agua caída en Goya, San Roque, Mercedes y Perugorría donde hubo registros superiores a los 400 milímetros en tres o cuatro días. Consideró que eso perjudica, no obstante, aclaró que es prematuro determinar el impacto del daño.
