El bloque de la oposición quiere saber si se cumplió con las intimaciones a las empresas. Ingresa pedido de resarcimiento a los usuarios.
Desde el jueves de la semana pasada y hasta gran parte de la jornada del martes último, la capital correntina permaneció prácticamente paralizada en lo que se refiere al transporte público de pasajeros. Fueron seis días durante los cuales los trabajadores y los estudiantes correntinos tuvieron que apelar a otras formas para trasladarse, y en muchos casos ello implicó, gastos extras que no tenían previstos. Lo más llamativo fue que uno solo de los funcionarios municipales, el secretario de Movilidad Urbana, fue el único que salió a dar tibias explicaciones, el resto del Gabinete municipal o inclusive las autoridades principales de la ciudad se llamaron a silencio. Otro tanto ocurrió con los concejales capitalinos, tanto del oficialismo como de la oposición, de los que tampoco se vieron ni escucharon declaraciones importantes.
Hoy finaliza el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, y en el orden del día, sólo figura un pedido de informe por parte del bloque opositor (Unión por la Patria) al Ejecutivo Municipal, para conocer “si se ha cumplido con la intimación a las empresas prestatarias a fin de normalizarse el servicio”. Un poco tarde, considerando que en las últimas horas de la tarde del martes ya se había normalizado el transporte público. Por parte de los ediles oficialistas, el silencio fue total, ni un proyecto al respecto.
También tomará estado parlamentario hoy la nota presentada por el Foro de Organizaciones Vecinales (Fove) en el que solicitan “el restablecimiento inmediato del transporte de público de pasajeros”, en esa nota se incluye “el reclamo para que los ediles capitalinos aprueben una compensación a los pasajeros, por la cantidad de días que no tuvieron servicio”.
Y no mucho más, respecto del paro histórico que sufrieron los vecinos capitalinos.
ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS
En paralelo, el que se expresó ayer, luego de los seis días de medida de fuerza y sin transporte público, fue el defensor de los Vecinos de esta Capital, Agustín Payes.
A través de declaraciones en distintos medios, recordó algunas cuestiones técnicas que habría que ver cómo se traducen, efectivamente, en hechos: “Cuando una empresa incumple con el servicio de transporte público, las consecuencias deben ser severas.
“El incumplimiento del servicio por parte de la empresa debe tener consecuencias legales y administrativas. Esto implica sanciones económicas y la posibilidad de revocar la concesión otorgada. Es fundamental que las empresas responsables del transporte público asuman su compromiso con los usuarios y cumplan con los estándares establecidos, garantizando así un servicio eficiente y confiable para toda la comunidad”.
En ese marco sostuvo: “Ante el incumplimiento reiterativo y perjudicial del pliego de licitaciones, solicitamos la caducidad del contrato de concesión para la empresa adjudicataria. La Ordenanza 6283, que aprueba la licitación pública, establece en su Capítulo II las infracciones y penalidades, entre las que se incluye la caducidad del contrato de concesión. En caso de incumplimiento por parte del concesionario, la Ordenanza establece las penalidades aplicables. Es importante destacar que el incumplimiento por falta de pago salarial no constituye un caso fortuito o fuerza mayor que exime de responsabilidades a la empresa concesionaria. Solicitamos sanciones, especialmente multas económicas, para la empresa, considerando su reincidencia‘.
