Federico G. A. Zamudio.
La controvertida interpelación de Gustavo Valdés se refiere a su deseo de que se declare inconstitucional el decreto que modifica el piso del impuesto a las Ganancias.
La semana pasada Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, presentó una medida cautelar, recurriendo a la Corte Suprema, para que se suspenda la devolución del IVA y la eliminación de Ganancias, marcando claramente una postura antagónica a las pretensiones de beneficiar a la clase trabajadora.
El mandatario correntino, emulando a su par mendocino, presentó ayer la demanda, para manifestarse en contra del alivio para trabajadores y jubilados en el pago del impuesto a las Ganancias que, según afirma, afectará el envío de fondos de Coparticipación Federal a la provincia, pero beneficiará a un amplio espectro de la oligarquía.
Según la apreciación del ocupante del sillón de Ferré, Corrientes dejaría de percibir 15.000 millones de pesos mensuales en noviembre y en diciembre, así como 100.000 millones de pesos en todo el año 2024.
El Fiscal de Estado de Corrientes, Horacio Ortega, explicó que el decreto “afecta directamente a la masa coparticipable” y precisó que el planteo tiene un pedido de medida cautelar para lograr una “compensación” de los recursos.
Afirmándose en la argumentación de que “tanto el decreto como la ley resultan inconstitucionales”, que afectan al “federalismo fiscal” y que son un perjuicio para la provincia, solicitó que “el Estado nacional compense las pérdidas causadas por esta reforma tributaria con sus propios fondos”.
