El operativo, a la finca de propietarios de origen boliviano y argentino, estuvo a cargo de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional acompañado de organismos nacionales como el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, AFIP, Renatre, Migraciones, entre otros.
Los trabajadores no estaban registrados laboralmente, no gozaban de sus derechos y ni garantías laborales como vacaciones, obra social, aportes jubilatorios.
El Juzgado Federal de Goya concretó un allanamiento en fincas dedicadas a la explotación hortícola en zona rural de la localidad correntina de Lavalle. El operativo fue ordenado por la jueza Cristina Pozzer Penzo, el marco de una denuncia al 145 que inició la causa FCT 3433/2023 caratulada: “imputado: Benítez Cuenca, Dionicio y otros s/infracción a la Ley 26.364”.
Los trabajadores fueron entrevistados por personal especializado del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia.
El delegado para el NEA del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la Jefatura de Gabinete de la Nación, José María Servín, detalló que “los trabajadores no estaban registrados laboralmente, no gozaban de sus derechos y ni garantías laborales como vacaciones, obra social, aportes jubilatorios. Ni siquiera contaban con algún seguro por la actividad que desarrollan”. Que “el pago por el trabajo se realiza por productividad, sin sumas fijas de sueldo y fuera de la escala salarial por convenio colectivo de trabajo, sin horas establecidas de jornada laboral”.
Por otra parte agregó que “les pagaban aproximadamente por techo 5000 pesos, dependiendo del clima y el periodo estacional; hacían de 3 a 5 techos por día. En un caso particular un trabajador accedía a un salario de 2.500 pesos por día. En relación a las condiciones de trabajo no eran las que corresponden, sin elementos de seguridad, detectándose además condiciones habitacionales precarias”.
