En el marco de un pleito laboral que se tramitaba en la ciudad de Corrientes, un juzgado descubrió una posible irrupción en el sistema judicial por parte de una abogada que habría fraguado trámites con el fin de percibir haberes en una acción judicial en la que no intervino.
La denuncia pesa sobre una letrada oriunda del Interior de la Provincia de Corrientes a quien se la acusó denuncia por la presunta falsificación de documentos públicos para cobrar una suma de dinero en un un juicio por indemnización en el que había intervenido otro letrado.
La irregularidad habría sido descubierta por el magistrado, Julio Valentín Medina, titular Juzgado Laboral N°3 de la ciudad de Corrientes.
El juez, al iniciar esta investigación habría solicitado informes a la Dirección de Informática de la Justicia del Superior Tribunal de Justicia.
Los responsables de resguardar la información de la justicia informaron que la letrada habría adulterado dos constancias del Sistema Forum para incorporar documentos supuestamente elaborados en el mes de enero, durante la feria judicial.
Según los informes enviados al juez, los números identificatorios de esos documentos -que individualizan cada escrito- pertenecerían a escritos de otros abogados, ingresados seis meses después en causas tramitadas en la localidad de Monte Caseros y no en el Juzgado Laboral 3 de Corrientes.
Ante esto, el magistrado habría ordenado dar intervención al Colegio Público de Abogados de Corrientes y a la Fiscalía Penal en Turno para que se investigue el caso.
La institución que controla la actividad profesional debería determinar si corresponde suspender la matrícula a la profesional, mientras que el Ministerio Público Fiscal iniciaría una acción penal por un delito penado con hasta 6 años de detención.
La causa laboral
La controversia surge a partir de un entuerto en el ámbito laboral, en el que un operario reclamó una suma millonaria a un aserradero en el que trabajaba, a raíz de su despido.
La causa habría sido tramitada en el Juzgado Laboral N°3 de la ciudad de Corrientes.
La causa había iniciado el año pasado y en el contexto de ella el juez solicitó a la empresa demandada que responda la demanda, pero, aparentemente la abogada que representaba a la firma no lo hizo.
Esta omisión implicó que se considere que la firma desistió del derecho a defenderse ante el reclamo y, por consiguiente, se le dio la razón al empleado despedido.
Tras esto, según trascendió, la abogada representante de la firma sostuvo que sí había presentado su oposición a la demanda. Y para ello habría presentado documentación -supuestamente apócrifa- fechada en enero, durante la feria judicial, para justificar que había respondido al requerimiento del juzgado.
Esto le daría derecho a percibir los honorarios por su intervención, al tiempo que la causa continuaría en proceso.
Lo que ocurrió es que se habría descubierto que la documentación tendría una numeración que correspondería a otra causa.
Ahora existiría una investigación para determinar si existen irregularidades, si fue hackeado el sistema informático y si la abogada en cuestión incurrió en un delito penal.
