Federico G. A. Zamudio.
El Estado provincial continúa con sus maniobras dictatoriales dignas de un gobierno de facto, cajoneando a la Constitución y violando los derechos de los trabajadores.
Pese a que los educadores constituyen uno de los pilares más importantes de la sociedad, junto con el área de la salud forman parte del grupo de los peor pagados por la dinastía que conforma el Gobierno de Corrientes, que sigue dando sus migajas salariales y sometiéndolos a su voluntad, aun cuando desde hace años se desarrolla la lucha para conseguir mejoras, pero recibiendo soluciones que solo emparchan su situación económica.
Comenzó hoy el paro docente en la provincia de Corrientes, estipulado por 48 horas, y las polémicas decisiones tomadas por la cúpula ministerial solo pueden verse como medidas representativas del autoritarismo, las cuales se enmarcan en una tácita criminalidad, cuando el Ministerio de Educación comunicó que realizará descuentos salariales por los días no trabajados durante la medida de fuerza.
En ese orden, el ministro secretario de la Gobernación, Carlos Vignolo, precisó, olvidando los mandatos constitucionales: “Cada día de paro va a ser descontado, si bien existe el derecho a la huelga también está el derecho de la patronal de no pagar el día que no se trabaja”.
En esta oportunidad, en la Secretaría de Trabajo provincial la junta ejecutiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) había asistido a la segunda audiencia de acercamiento, con representantes de los ministerios de Educación y de Hacienda, tras un fallido primer intento.
Pero esta vez se produjo el mismo desenlace, ya que la intención de la patronal (mencionada por Vignolo) es la de dilatar la situación sin dar verdaderas soluciones, ya que, para cumplir las aspiraciones fijadas para las próximas elecciones, los capitales que deberían destinarse a los trabajadores se depositan en otros bolsillos.
