El cuidador de un campo denunció que dos efectivos policiales ingresaron de manera ilegal a un campo en la localidad de Mburucuyá.
El trabajador rural dio a conocer a las autoridades de la misma fuerza que los dos numerarios de la Policía de Corrientes entraron sin autorización y de civil en la madrugada al predio a bordo de una camioneta, pero que cuando se les pidió explicación de lo que estaban haciendo se negaron a responder preguntas.
En ese momento caía una lluvia intensa en la zona, lo que fue aprovechado por el dúo para romper un ingreso al campo, lo que fue advertido por un cuidador que, al advertir esto, se dirigió al lugar y dio aviso a la Policía Rural de Islas y Ambiente Rural.
Posteriormente se acercó a los sospechosos y activó la cámara de video de su teléfono celular para registrar lo que ocurría. Sorpresivamente se encontró con los dos policías que actuaron en forma violenta, pero luego se calmaron para preguntar por las condiciones del camino y también si otras estancias tienen peones o algún capataz.
Tras advertirlos de la ilegalidad de la irrupción y ante la falta de explicaciones, el cuidador instó a que se retiren del lugar y luego, al llegar los efectivos del PRIAR, realizó la denuncia.
Los efectivos sospechoso serían apellidados Epinoza y Sandoval quienes, pese a tener antecedentes penales, siguen en funciones.
Uno de ellos, fue señalado como posible partícipe en de una violación grupal a una adolescente ocurrido en la localidad de Mburucuyá y pese a que el delito es agravado porque la víctima es una menor de edad, sigue en libertad y cumpliendo funciones.
Lo que llamó la atención es que, según trascendió, el intendente de la localidad, de Mburucuyá, Pablo Guastavino, se comunicó con el denunciante para reprenderlo y para instarlo a “retirar la denuncia”.
Ahora la Justicia debería investigar al menos la violación de propiedad privada como también las intenciones de los policías denunciados, aunque la Jefatura de Policías también debería iniciar acciones administrativas.
El caso está en manos del fiscal de la localidad de Saladas, Osvaldo Ojeda y de la jueza María del Carmen Mareco.
