La campaña proselitista de ECO-Cambiemos sigue utilizando excusas remanidas y argumentos inexistentes, que solo buscan confundir y ocultar.
Cuando aún faltan pocos días para finalizar marzo, el Estado nacional ya remitió 20 mil millones de pesos al Tesoro correntino, en concepto de ingresos correspondientes a la coparticipación federal, y la provincia se encamina a tener un nuevo récord en lo que se refiere a la recepción de fondos nacionales.
Pese a ello, el gobernador Gustavo Valdés decidió iniciar una demanda contra la Nación y Yacyretá, ante la Corte Suprema, afirmando -como de costumbre- que se le adeudan fondos, esta vez por valor de 10 millones de pesos. Este es un argumento esgrimido persistentemente en su campaña proselitista, en la cual tiende a resaltar las acusaciones a otros por encima de los escasos logros de su mandato.
Corrientes se ve sumergida en un ambiente plagado de movilizaciones y de reclamos salariales de toda índole, desde los de empleados estatales (de la provincia y municipalidad) hasta los de docentes, cuya huelga fue considerada -convenientemente- ilegal por la Secretaría de Trabajo, aduciendo que regía la conciliación obligatoria.
A modo informativo, vale recordar que la Constitución nacional determina que el derecho a huelga se reconoce a todos los trabajadores por cuenta ajena, bajo una relación laboral en el ámbito privado o en el público, y las que se pueden considerar ilegales solo son aquellas que se desencadenan sin previo aviso o en un plazo menor del que marcan las leyes, o realizadas individualmente.
