El diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Miguel Arias, denunció una grave situación que padecen menores y docentes de un hogar de niños en Santo Tomé, y adelantó que los legisladores peronistas exigirán “un informe y una urgente solución al Gobierno de Corrientes que prácticamente dejó abandonado el lugar”.
La información confirmada por los diputados del Frente de Todos es que el Gobierno de Corrientes dejó abandonado el hogar de niños San Francisco de Asís y cerró sus puertas porque los docentes renunciaron al denunciar que ganaban salarios de 20 mil y 30 mil pesos al comenzar 2023.
Además, los vecinos santotomeños comenzaron a unir fuerzas y endurecen los reclamos para que el Gobierno provincial reabra la institución teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de garantizar el cuidado de los niños.
La grave situación se registra donde funcionaba el hogar San Francisco de Asís, a cargo del Gobierno provincial y que albergaba a decenas de niños y niñas que necesitan de una protección por diversos problemas vinculados a violencias familiares.
“Nos parece de una gravedad muy grande que los docentes no hayan sido escuchados por el Gobierno de Corrientes en tiempo y forma, además de la angustiante situación que padecen los niños alojados en este hogar de Santo Tomé”, expresó el diputado Arias.
“Promoveremos una urgente solución con proyectos en la Legislatura porque necesitamos un Estado presente y el Gobierno de Corrientes es el único responsable de lo que sucede con el abandono que padecemos en la provincia”, agregó el presidente del bloque del Frente de Todos.
Desde la Justicia de Familia, que entiende en la situación de los menores alojados, confirmaron que los niños fueron traslados por el Ministerio de Justicia de la Provincia a otro hogar de la ciudad de Corrientes, es decir, alejados a 400 kilómetros de la localidad donde deberían mantener un mínimo contacto con sus familiares.
Los vecinos de Santo Tomé aseguraron que, antes de resolver el problema de los docentes a cargo y mantener el hogar, el Gobierno de Corrientes optó por retirar de su localidad de origen a los niños y agravó la situación angustiante por alejar geográficamente a esos menores de todo vínculo con sus familiares.
Las primeras renuncias de autoridades a cargo del hogar sucedieron en noviembre de 2022, y siguieron hasta confirmarse el cierre, a pesar del largo tiempo que los docentes reclamaron ante el Gobierno de Gustavo Valdés porque no podían vivir con el salario de 30 mil pesos por mes. Nunca fueron escuchados por la Provincia y la situación llegó al límite dejando resultados angustiantes por el futuro de los niños que necesitan estar protegidos.
Las denuncias de los trabajadores del hogar San Francisco detallan que los docentes ganaban 30 mil pesos, mientras que los no docentes y cuidadores de los niños recibían la indignante cifra de 20 mil mensuales. Fuentes del ámbito educativo indicaron que el salario de los educadores debería ser de al menos 120.000 pesos.
Por su parte, el senador provincial Martín Barrionuevo denunció que “el cierre se debe a la renuncia masiva de las trabajadoras y trabajadores de la institución por negarse a seguir trabajando en negro con una beca” y sostuvo que “lejos de avanzar en políticas de promoción de los derechos de la niñez, el gobierno provincial trata como objetos y no sujetos de derecho a los niños y adolescentes”.
Este legislador presentó en la Cámara Alta un proyecto de resolución para exigir al Gobierno de Corrientes, es decir, al titular del ejecutivo, Gustavo Adolfo Valdés, la reapertura del hogar de niños de Santo Tomé.
En el proyecto se solicita “la reapertura dispositivo de alojamiento para Niños, Niñas y Adolescentes sin cuidados parentales de la localidad de Santo Tomé “San Francisco de Asís”, reestableciendo su normal funcionamiento, en tanto representa una de las estrategias existentes de restitución de derechos vulnerados en el territorio, frente a la separación de los niños, niñas y adolescentes su medio familiar y la inexistencia de familia ampliada o referentes afectivos; así como la regularización de la situación laboral y arbitrar mejoras en las condiciones de trabajo de toda persona que desarrolle tareas al interior de las instituciones de alojamiento para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales existentes en todo el territorio provincial”.
