Mientras el gobierno de Gustavo Adolfo Valdés busca incrementar el precio de la electricidad a los usuarios en un orden superior al 200%, el partido político al que pertenece, la Unión Cívica Radical, abastece ilegalmente de energía a sus edificios partidarios.
La situación fue registrada en Paso de los Libres, donde en la esquina de las calles Belgrano y Mercedes Franco, donde se emplaza el Comité, dos hombres que no serían empleados de la Dirección de Energía de Corrientes instalaron una conexión clandestina para iluminar el edificio, a plena luz del día y con total impunidad.
En los hechos, esto implica un acto delictivo ya que el Código Penal de la República Argentina establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena”, lo que incluye también a la energía eléctrica, además del pago de multas. Pero en Corrientes pareciera que la ley no rige para todos por igual.
La situación de fraude eléctrico ocurre en el inmueble que exhibe las fotografías de Gustavo Valdés, el gobernador correntino, referente de la UCR, socio del macrismo, y de Eduardo “Peteco” Vischi, el ex intendente libreño y actual legislador nacional.
Este lugar está siendo acondicionado con vistas a ser usado en las campañas electorales para las votaciones legislativas y presidenciales de este año. Allí ingresaron dos hombres que sacaron del interior del local una larga escalera, la apoyaron a la pared exterior y uno de ellos ascendió, herramientas en mano, para concretar la operación extractiva de fluido eléctrico.
Los testigos presenciaron la maniobra ilegal pocas horas después que se realizó la audiencia pública en la que el Gobierno de Corrientes -por medio de la Dirección de Energía- expuso la intención de elevar la tarifa eléctrica en 2023 y 2024, aún cuando el precio que se paga por la electricidad en Corrientes es 200% más que en las provincias vecinas.
En la misma audiencia los legisladores provinciales Martín Barrionuevo y Germán Braillard Poccard hicieron notar serias falencias en los cálculos expuestos por el gobierno, como también un faltante de unos 55.000 usuarios y falta de claridad sobre el destino que se les da a las regalías obtenidas de la represa hidroeléctrica Yacyretá.
