El cuerpo de Claudio Florez fue encontrado inerte en una habitación del hogar de niños Rincón de Luz, de la ciudad de la ciudad correntina de Virasoro el 22 de febrero de 2022.
La hipótesis del suicidio dada a la policía por los mismos responsables del lugar, fue avalada por un procedimiento médico postmortem de dudosa legitimidad. Pero, de ser comprobadas técnicamente estas hipotéticas causales de su deceso aún carece de respuesta una serie de interrogantes: ¿Qué llevó al chico a terminar con esos pocos años vividos? ¿a caso los malos tratos, golpes y la tortura psicológica a la que pudo haber sido sometido en ese lugar? ¿Quién o quienes deberían haberlo cuidado y asistido? ¿Por qué no lo hicieron?
Las preguntas no tienen aún respuestas y tanto la Justicia como el Gobierno de Corrientes muestran muy poco interés en resolver estas incógnitas.
Claudio tenía 14 años y estaba alojado allí al cuidado de funcionarios de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Corrientes, del gobierno encabezado por Gustavo Adolfo Valdés, referente de la alianza Encuentro por Corrientes, la coalición de Cambiemos con la UCR.
Había llegado junto a sus hermanos al hogar para ser resguardados de los conflictos familiares complejos y de la vulnerabilidad social de los que eran víctimas.
Pero su muerte sacó a flote el hecho que los menores alojados allí pudieron haber sido alcanzados por la posible existencia de un oscuro entramado de connivencias entre funcionarios gubernamentales, judiciales y personas de la alta sociedad de Virasoro que habían cometido violaciones, malos tratos y graves hechos de corrupción en un centro de alojamiento de menores.
El hecho luctuoso movilizó a toda la comunidad de Virasoro que aún hoy reclama Justicia. Este clamor tuvo eco en toda la provincia y luego en todo el país. Se hicieron marchas y actos de repudio.
La protesta fue (y sigue siendo) transversal, porque se involucraron organismos de derechos humanos, organizaciones religiosas de varios credos, institucionas no gubernamentales. Desde el inicio, los pedidos estaban despojados de bandería político partidaria para exigir mecanismos de resguardo para los menores institucionalizados y, obviamente, que los responsables por la muerte del chico sean juzgados.
Pero, pese a los esfuerzos los vecinos por mantener el reclamo libre de intereses sectoriales, hubo quienes, cuales caranchos, removieron la carroña de la corrupción para, en algún caso, buscar beneficios personales. En otro, para ocultar la compleja maquinaria corrupta abastecida por presuntos desmanejos de fondos, falta de control en las instituciones, prebendas personales, delitos sexuales y muerte.
Estos últimos no tardaron en aparecer. En primer lugar, en la figura de Víctor Santamaría, director de Derechos de la Niñez y la Familia, responsable directo del de los hogares de niños. Se excusó en que no tenía información del hecho: “Nadie me informó que había una violación, son cuestiones que se establecen en forma directa con COPNAF y la Justicia quienes tienen las tutelas de los menores”, sostuvo.
Luego, el ministro de desarrollo social, Adán Gaya -máximo responsable de las instituciones provinciales que albergan menores- se dedicó a ensayar explicaciones en los medios, más no ante la Justicia ni la Legislatura. Luego de la imputación a Sonia Prystupczuk quien estaba a cargo del hogar Rincón de Luz, el ministro ordenó el nombramiento de otra funcionaria en el cargo y con ello dio por concluida su intervención.
Sostuvo, en este contexto, que “lo importante es que pudimos estar con los chicos, los adolescentes, hemos almorzado con ellos”.
Este funcionario fue citado a la Cámara de Senadores provinciales para que explique el funcionamiento de los hogares de niños de la provincia, como también la cadena de responsabilidades que implica el control de los mismos. Pero Gaya faltó pese a que hubo un acuerdo entre los bloques del Senado y a que él mismo había comunicado que concurriría al recinto.
Pero, las actitudes miserables no son privativas de funcionarios oficialistas que, por razones obvias, esconden sus intereses tras palabras rimbombantes y silencios sórdidos en el objetivo de tapar el desastre administrativo del que son parte. También existen opositores que por oportunismo o hipocresía intentan beneficiarse políticamente de lo macabro, de una situación tan injusta, triste y lamentable como dantesca.
Es el caso del senador provincial José Ruiz Aragón, alias “Pitín”, quien en su intento de erigirse héroe para potenciar su imagen e impulsado por sus aspiraciones de postularse a la gobernación de la provincia floreó supina ignorancia en toda materia jurídica y de sentido común al prometer que intervendría causa judicial por lo acontecido en el hogar Rincón de Luz.
Los dichos expresados por dirigente de la agrupación La Cámpora no serían de gravedad si hubiesen sido pronunciados en una reunión de amigos, pero se expresó así en los medios de comunicación.
“El senador Aragón se va a presentar como querellante de la causa y está impulsando que el caso tenga más visibilidad por fuera de la localidad de Virasoro porque afirma que ‘los medios provinciales esconden todo porque están siendo financiados por la pauta oficial’”, publicó el diario de tirada nacional Página 12. Frases parecidas había pronunciado también en el canal porteño C5N y hasta la agencia de noticias Télam se hizo eco de su afirmación.
Tal movimiento mediático no hizo más que ponerlo en ridículo, porque la realidad es que no existe fundamento legal ni lógico alguno que le permita incorporarse a una causa judicial respecto de hechos en los que no es interesado directo, ni víctima; tampoco afectado.
En otros términos, mintió por ignorante o por hipócrita. Y esto es inocultable porque tras un año de la muerte de Claudio Florez el senador Aragón no se acercó al juzgado que interviene en la causa, tampoco se contactó con los letrados que intervienen en el expediente. No habló con las víctimas ni presentó proyecto de ley alguno para al menos generar reglas que prevengan otros hechos de los que podrían ser víctimas los niños que viven en los hogares dependientes del gobierno provincial.
Pero tampoco lo hicieron los legisladores provinciales o los funcionarios gubernamentales del oficialismo, es decir, de la UCR-Cambiemos.
Y ante la falta de normas justas, tras un año del deceso de un niño que soñaba con ser artista, nada cambió. Los hogares de niños siguen sin control; el Poder Judicial de Corrientes no avanza en su tarea de hallar la verdad para castigar a los responsables y dar alivio a la familia de la víctima.
Lo grave, lo preocupante, es que la desidia estatal continúa. Los corruptos siguen libres y la muerte sigue acechando a los niños.
