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Corrientes
22 febrero 2024

Ciudadanos insatisfechos se arrogan el derecho de exigir juicio político al intendente de Caseros

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Federico G. A. Zamudio.

En un estado de derecho existe la libertad de expresión, a tal punto que puede incurrirse en una maniobra que recuerda los días de la dictadura.

En cualquier proceso democrático un habitante común puede denunciar a las autoridades cuando estas cometen una violación a sus atributos o, en casos más graves, cuando tienen pruebas de la comisión de un ilícito.

Pero la palabra clave es: denuncia; la realización del juicio político debe ser demandada por los legisladores, si es que determinan la veracidad de lo expuesto, o procederán a desestimarlo si no tiene fundamentos.

La aclaración se debe a que comenzó a circular una carta, que se atribuye a vecinos de Monte Caseros que están muy informados sobre lo que dictan las ordenanzas y disposiciones, pero en la cual inician con la exigencia de juicio político al intendente de la localidad, Juan Carlos Álvarez, y después enumeran las supuestas irregularidades cometidas por el jefe comunal.

Sin lugar a dudas los ediles deben actuar dando crédito a los dichos del o los ciudadanos, e implementar una investigación, aunque sea para luego desmentir los dichos de los denunciantes con pruebas que indiquen lo contrario.

Pese al criterio erróneo con que se formula la misiva, la denuncia está hecha, pero en caso de que se haya infringido alguna ordenanza debe demostrarse con pruebas fehacientes y no con argumentos sustentados en casi rumores.

Aunque no hay que hacer hincapié en la parte atribuida a la ignorancia de los creadores de la presentación, hay que destacar la vehemencia rayana en autoritarismo de la nota, donde hacen las veces de juez, jurado y verdugo, dejando entrever hacia el final una velada amenaza a los concejales.

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