Braian Héctor Leguizamón murió el pasado 24 de enero presuntamente a raíz de una paliza recibida por efectivos de la Policía de Corrientes en el barrio Patono de la Capital correntina. No hay policías detenidos ni separados del cargo. Existe hermetismo en la Justicia respecto de la investigación de los hechos.
El joven de 24 años había sido demorado en la esquina de las calles Hernandarias y Antequeras de la ciudad de Corrientes y murió en el Hospital Escuela de la Capital, luego que fue trasladado a una Comisaría.
La versión oficial difundida por la Policía de Corrientes fue que tras una “pelea entre vecinos” la Policía intervino, pero las unidades fueron supuestamente repelida por los vecinos.
Posteriormente, se informó que Braian Tabares murió a raíz de los golpes que recibió en esa supuesta trifulca. Sin embargo, esta información oficial cambió cuando trascendió la muerte del joven y entonces se dio a conocer que había sido detenido porque irrumpió violentamente en la casa de un vecino.
Respecto a esto, los familiares de la víctima -y los vecinos del barrio Patono- indicaron que en la noche del 24 de enero, Tabares había irrumpido en la casa de un vecino pidiendo ayuda debido a que era perseguido por un grupo que “lo querían matar”.En estas circunstancias, una vecina llamó al servicio 911 y dos patrullas arribaron al lugar.
Los uniformados entraron a la casa y detuvieron a Tabares quien estaba exaltado por la situación.
Los videos grabados por los habitantes de la zona y los familiares muestran que la detención fue agresiva y, aseguran, recibió culatazos y patadas por parte de los uniformados.
Camino a la Comisaría se descompensó y fue trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, donde murió.
Al otro día, una comisión policial regresó al barrio y detuvo no sólo al dueño de la casa donde estaba refugiado, sino que también a otro vecino que colaboró con los policías que lo detuvieron.
La versión oficial es que “murió por causas naturales”. Pero los familiares aseguran que fue a raíz de la golpiza recibida.
Por su parte, los allegados a los dos detenidos aseguran que la policía pretendería endilgar la muerte de Tabares a sus vecinos y temen que “se invente una causa” para desvincular de los hechos a los uniformados que intervinieron en el hecho.
Mientras tanto, la Justicia ordenó la investigación del hecho a la misma Policía.
Es por ello que la Asociación Justicia Legítima Nordeste exige la aplicación imprescindible del Protocolo de Minnesota tanto para la realización de la autopsia como para el desarrollo de la causa judicial.
Ello como forma de garantizar una investigación independiente e imparcial ante una muerte en contexto de violencia policial.
El “Protocolo de Minnesota” o “Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias” es un procedimiento recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se trata de un “manual de procedimiento” que tiende a evitar que los funcionarios del Estado sospechosos de haber cometido crímenes puedan actuar o influir en la investigación de una muerte.
De reciente visita en Corrientes el relator de la Organización de Naciones Unidas, Morris Tidball-Binz señaló a funcionarios provinciales y al Comité de Prevención de la Tortura , la imprescindible aplicación del Protocolo , siendo la única provincia que inexplicable aún no lo aplica .
La norma elaborada en 1991 establece estándares de buenas prácticas técnicas que se deben aplicar para determinar si una persona fallecida fue ejecutada. Esta “guía” recomienda además que se constituya una comisión investigadora independiente en este caso del Estado Correntino y la policía provincial, con recursos y facultades suficientes a fin de llegar a la verdad.
La Investigación debería estar a cargo de una Fuerza Federal y no de la Policía Provincial como lo es actualmente, lo que es claramente violatorio del Protocolo.
En cuanto a la autopsia el Protocolo Minnesota determina una serie de pautas estrictas a fin de detectar evidencias e indicios de lesiones y golpes en el cuerpo, así como cortes, desgarros y rotura de la vestimenta, etc; para determinar si la víctima fue objeto de una ejecución extralegal, arbitraria y sumaria. Además de exigir la participación de expertos en estos casos en la realización de la misma.
También de acuerdo al Protocolo Minessota se demanda a las autoridades la no intromisión en la investigación judicial con declaraciones de instalación de hipótesis o la filtración de supuestas pruebas como ocurriera lamentablemente con el Ministro de Seguridad Desimoni y el Fiscal General Sotelo en los casos de Kevin Candia y del Diputado Miguel Arias.
El Protocolo se aplica para todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas y en su presentación se lee que “toda muerte en circunstancias sospechosas ocurrida en cualquier parte del mundo es en potencia una vulneración del derecho a la vida, calificado frecuentemente como el derecho humano supremo, por lo que la prontitud, imparcialidad y eficacia de la investigación es fundamental para que no prevalezca la impunidad y se imponga una cultura de rendición de cuentas”.
