Este 19 de enero es el aniversario del brutal homicidio en la ciudad brasilera de Ferrúgem, a manos de tres rugbiers correntinos.
El caso Malvino guarda mucha similitud con el de Fernando Báez Sosa, de 18 años, quien fue atacado y asesinado a golpes frente a un boliche en la ciudad balnearia argentina de Villa Gesell el 18 de enero de 2020.
La diferencia entre ambos casos es que, en el caso de Báez Sosa, ocho jugadores de rugby son juzgados por los actos que derivaron en su asesinato.
Pero, en el caso Malvino es distinto. A casi dos décadas crimen del joven oriundo de La Plata continúa impune; los asesinos continúan libres, protegidos por el poder político y judicial de su provincia.
Esto pese a que la Justicia de Brasil tiene por probado que el 19 de enero de 2006, a las 05.50, Carlos Andrés Gallino Yanzi, Horacio Antonio Pozo y Eduardo Braun Billinghurst atacaron a golpes al estudiante de abogacía de 23 años a quien, una vez que estuvo tirado inconsciente en el piso, le arrojaron a la cabeza una piedra de 17,5 kilos para rematarlo.
Tras el crimen, los acusados abandonaron la ciudad, regresando así a Corrientes. Posteriormente intentaron vincular al hecho a otros cuatro amigos con los que habían viajado a Brasil.
Los testigos del hecho los identificaron y con la colaboración de los dueños del departamento en el que se alojaron, lograron identificarlos para que la Justicia del Estado de Santa Catarina los impute.
Pero la burocracia para que se envíe el expediente a la Argentina, la lentitud con la que se realiza la traducción de los escritos, sumada a las dilaciones de los propios funcionarios judiciales, llevaron a que a casi dos décadas los imputados no regresen a Brasil y que no se sometan a Justicia de ese país.
En lo relacionado a la causa judicial, en 2020 la defensa de los acusados había presentado apelaciones del dictamen de elevación a juicio oral y público al Tribunal Superior de Santa Catarina y ante el Supremo Tribunal Federal, en Brasilia.
“Todas las apelaciones fueron rechazadas y se confirmó la sentencia de elevación a juicio oral. Sólo resta esperar la fecha para el debate”, aseguraba en ese entonces Alberto Malvino, padre de la víctima.
Un año después, a principios de 2021, Malvino, manifestó que “el Juzgado de Santa Catarina está digitalizando las partes más importantes de la causa, con lo cual, pandemia mediante, estimamos para este año el juicio oral”.
Desde entonces no hubo novedades. Hoy, consultado por C5N, un funcionario del Ministerio Público Fiscal Federal que intervino en los trámites de la causa sostuvo que “no enviaron nada más desde Brasil, lo que indica que la causa está estancada o que no se hizo más nada”.
Niños bien
Los tres imputados están vinculados al poder político y a la Justicia de Corrientes.
Lautaro Braun Billingurst es hijo de la presidenta de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Corrientes -y ex reina del carnaval- Nidia Billingurst y del empresario Jorge Braun, quien comercializa maquinaria pesada en las cuatro provincias del Nordeste Argentino.
Tiene dos hijos y trabaja junto a su hermano Lautaro -quien lo acompañó en las vacaciones de aquel verano de 2006- en la firma de su padre.
En tanto, la familia de Carlos Andrés Gallino Yanzi, viene del linaje del gobernador Rafael Gallino quien administró Corrientes desde 1880. Su padre, Carlos, en 2006 estaba encargado de la Dirección de Planificación de la Municipalidad de Corrientes, cargo al que llegó con la Unión Cívica Radical.
Tras el crimen, abandonó Corrientes y se mudó a Neuquén donde trabaja en el área de turismo y está en pareja.
Mientras, Horacio Antonio Pozo es hijo del ex secretario de Turismo de la Provincia, Horacio Vicente Pozo, actual diputado provincial de Corrientes -con mandato hasta 2025- por la alianza Juntos por el Cambio.
Está casado y tiene dos hijos, y si bien es veterinario está abocado a una empresa constructora propiedad de su familia.
Sospechosos inquietos
Los tres imputados de la causa continúan libres y nunca fueron siquiera demorados por el crimen, tampoco quedaron presos por incurrir en otros delitos. Nunca más volvieron a Brasil.
La Justicia de aquel país los había requerido meses después del homicidio, pero “casualmente” Lautaro Braun Billingurst denunció un supuesto atentado, lo que derivó en una presentación en la que expuso la “falta de garantías y de seguridad” para cruzar la frontera.
El hecho puntual que derivó en esto ocurrió el 28 de agosto de 2006 cuando Braun Billingurst se trasladaba en una camioneta sobre la avenida Independencia de la ciudad de Corrientes. Según declaró, un motociclista lo interceptó y disparó dos veces contra su vehículo.
Resultó que el tirador era un ex policía identificado como Marcos Aurelio Rivera, a quien se lo detuvo como sospechoso, aunque nunca se probó que fuese el autor del hecho y tampoco se determinó alguna vinculación entre el ataque denunciado y la muerte de Malvino. El efectivo retirado falleció cuando lo operaban del corazón en 2010.
Al año siguiente de la muerte de su supuesto agresor, el sábado 23 de julio de 2011 Lautaro Braun Billingurst fue imputado nuevamente por homicidio.
Esto porque estuvo señalado como el responsable de un choque en el cruce de Ruta Nicolás Avellaneda y Avenida Vélez Sarsfield, en Chaco. El siniestro ocurrió porque, según la causa, se distrajo al ver el celular cuando manejaba su camioneta Audi Q5 y chocó desde atrás a un automóvil Volkswagen Gol Tren gris en el que viajaba una pareja oriunda de la localidad bonaerense de Escobar, Orlando Zalazar Oviedo e Inocencia Barrios quienes murieron en el acto.
Por este hecho, Braun Billingurts estuvo detenido unos pocos días y luego recuperó la libertad.
Otro de los imputados, Horacio Pozo, fue demorado por la Gendarmería el 4 de julio de 2022 en Clorinda, Formosa, cuando intentó hacer ingresar desde Paraguay casi 70.000 dólares de manera ilegal. Solamente se le labró un acta por una supuesta infracción aduanera.
Silencios
Desde 2006, ninguno de los imputados realizó declaraciones respecto de la causa y tampoco sus familiares.
En Corrientes son beneficiarios de un “blindaje mediático” sostenido por las vinculaciones que tienen con los tres poderes del Estado. Tal es así que desde 2006, existen medios de comunicación de Corrientes en los que prohibieron a los periodistas referirse al crimen de Malvino.
Uno de ellos es, por ejemplo, el diario Epoca, intervenido por el gobierno provincial y estrechamente ligado a Cambiemos -alianza de la que forman parte los familiares de los acusados-, donde el caso Malvino está vedado. Lo mismo ocurre en las radios y canales de televisión que reciben pauta oficial provincial.
¿Por qué asesinaron a Malvino?
Ariel Malvino, era originario de la ciudad de La Plata pero residía en la Ciudad de Buenos Aires y fue asesinado en una esquina céntrica de la ciudad balnearia de Ferrúgem.
Esa noche se hallaba bebiendo con unas amigas al aire libre cuando presuntamente se sucedió una pelea entre dos grupos de jóvenes correntinos y cordobeses.
La víctima se encontraba casualmente en el lugar de los hechos y, en ese contexto, le comentó a una de sus amigas: “Viste que mal nos hacen quedar los argentinos en el exterior”. Ese comentario fue el que motivó que, presuntamente, Braun Billinghurst, Carlos Gallino y Horacio Pozo comenzaran a golpearlo hasta ocasionarle la muerte.
Gallino habría discutido y empujado a Ariel, mientras que Pozo le habría pegado una trompada en la nuca a la víctima, que cayó noqueada y golpeó la cabeza contra el piso, según la investigación judicial hecha en un primer momento por el fiscal Fabio Fernández de Oliveira Lyrio, que continuó Roberta Mesquita e Oliveira.
Según el testimonio de ocho testigos directos, Billinghurst habría tomado una piedra de 17 kilos y se la habría arrojado a la víctima.
Malvino murió en un Hospital Regional al que fue trasladado, mientras que los agresores huyeron a otro balneario y regresaron a Corrientes donde buscaron desvincularse de los hechos.