Tras la ampliación de la acusación por el delito de lavado, la Justicia decidió pasar toda la causa al fuero federal, lo que causo indignación a los ahorristas que fueron estafados.
A pedido del fiscal subrogante Juan Carlos Castillo, el Juzgado de Garantías 2 de Goya decidió apartarse de la investigación de las estafas cometidas por Generación Zoe en esa ciudad y decidió enviar todo el expediente al Juzgado Federal de Ariel Lijo, en Comodoro Py.
La medida puede favorecer al gerente de la firma, Leonardo Cositorto, y los demás imputados, ya que la causa de Corrientes estaba casi concluida e iba a ser enviada a juicio antes de fin de año.
La decisión del juez Carlos Antonio Balestra sorprendió al abogado querellante, Pablo Fleitas, que representa a un centenar de ahorristas que perdieron cerca de 400.000 dólares.
El abogado sostuvo que el magistrado no le permitió impugnar el planteo del fiscal y es por eso que en horas de la tarde presentó un pedido de nulidad de la resolución y también un recurso de queja que deberá ser resuelto por el Tribunal de Revisión de Mercedes o el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.
Es muy probable que Lijo no acepte la incompetencia del Juzgado de Garantías de Goya y una instancia superior deba resolver cómo continúa la investigación y dónde.
Fleitas sostuvo que “la decisión de enviar la totalidad del expediente es errónea. Si el juez consideraba que no le correspondía investigar el lavado de dinero porque es un delito federal, debía sacar copias del expediente y remitirlo a ese fuero, pero no la causa completa”.
El abogado detalló que el tema ya fue resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones porteña, que a fines de septiembre avaló una resolución del juez federal Ariel Lijo en la causa de Generación Zoe. Allí el magistrado sostuvo que sólo iba a investigar el lavado de activos, mientras que los delitos de asociación ilícita y estafas debían continuar en la justicia ordinaria.
La semana pasada, el fiscal Castillo había decidido ampliar la imputación sobre Leonardo Nelson Cositorto, y los líderes locales de Generación Zoe, Nicolás Ismael Medina, Javier Sebastián Medina y Lucas Damián Camelino, por considerar que habían incurrido en el delito de lavado. Además, estaba previsto que se hiciera lo propio con otros dos hombres fuertes de la organización: Maximiliano Batista y el contador Miguel Echegaray.
La resolución del juez Balestra parece ir en sintonía con los planteos que realizaron los defensores de Cositorto en Córdoba y otras jurisdicciones para que el caso pase a la Justicia federal. Es que en ese fuero las investigaciones son mucho más lentas y en abril de 2024 Cositorto podría pedir el cese de la prisión preventiva por el tiempo que lleva privado de su libertad.
Para el fiscal Castillo, el delito de lavado de activos no puede ser investigado por la Justicia provincial, pero adujo también que junto con los de asociación ilícita y estafas fueron cometidos mediante maniobras fraudulentas en distintas jurisdicciones.
