Federico G. A. Zamudio.
Mientras Gustavo Valdés vaticina el fracaso de las obras emprendidas por el Gobierno nacional en Corrientes, el Presupuesto provincial para 2023 incluye un 84% de fondos nacionales.
El cálculo de gastos e inversiones para el año que viene estipula $505.900 millones, de ese total, $425.100 millones serán recursos que enviará la Nación a las arcas correntinas.
Ayer, tras el envío del proyecto de ley, algunos operadores del oficialismo de Encuentro por Corrientes (ECO) recorrieron despachos de diputados y pidieron celeridad. “El gobernador quiere que se apruebe todo rápido”, dijeron, y ese pedido incluye un dictamen favorable en la cámara baja antes de fin de mes.
El Poder Ejecutivo envió fuera de término el proyecto, debía hacerlo antes del 31 de octubre, como lo establece el plazo constitucional, pero lo hizo recién el miércoles 9 de noviembre, y se sospecha que para tenerlo aprobado antes de fin de año deberá convocar sesiones extraordinarias -ya que solo restan dos- para que sea tratado en las primeras semanas de diciembre venidero.
El oficialismo tiene mayoría absoluta en ambas cámaras, y la oposición solo tiene fuerzas para pedir números de lo que serán los cálculos salariales para el año que viene y sobre la tarifa social en la provincia, además de continuar con la lucha por conseguir la tan esperada ley de humedales, que está siendo frenada desde hace más de 9 años, y cuyos primeros textos ofendían a la oligarquía latifundista de la cúpula gubernamental y su séquito.