Vivían en condiciones infrahumanas y se encontraban en el predio desde hacía más de 45 días, sin descanso ni pago.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) detectó un caso de explotación laboral en Ituzaingó, provincia de Corrientes. El hecho se produjo en un establecimiento dedicado a la producción de resina.
Como resultado del operativo, la AFIP dictó infracciones y multas al establecimiento por la falta de registro de los empleados, al tiempo que presentó una denuncia en el el juzgado federal de Corrientes por presunta reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral.
Los inspectores de la DGRSS, que conduce Mara Ruiz Malec constataron que tres trabajadores vivían en una casilla de madera improvisada sin cama, baño, cocina ni acceso a agua corriente. Se encontraban completamente incomunicados y eran obligados a desempeñar sus tareas de pica de pino para la extracción de resina desde la primera hora de la mañana hasta que desaparecía la luz solar.
Además no gozaban de francos ni fines de semana libres, y hasta el momento no habían sido informados de la fecha y monto del pago de sus salarios, a pesar de que estaban allí desde hacía más de 45 días corridos. A raíz de estas graves irregularidades, la AFIP aplicó multas por infracción a la normativa previsional.
Por otro lado, se llevaron a cabo tareas de fiscalización y control de empleados en aserraderos ubicados en la localidad de Santa Rosa, en esa misma provincia. Con el apoyo de la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP y la Gendarmería, dependiente del Ministerio de Seguridad, se relevaron 31 trabajadores dedicados aserrado, cepillado, corte de tablas y posterior estibado de madera en grandes establecimientos, de los cuales el 74% presentó irregularidades.
Los agentes comprobaron que 22 de ellos no estaban declarados, y 1 no había obtenido el alta temprana en el organismo. A raíz de estos desvíos detectados, se labraron actas de infracción que incluyeron el cierre de los dos predios donde se llevaron adelante los procedimientos. A su vez, se estimó que las ventas no declaradas a lo largo del último año ascenderían a 18 millones de pesos.
