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Corrientes
3 diciembre 2022

Las desatenciones estatales y los privilegios de una educación mediocre

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Federico G. A. Zamudio.

De la eterna disputa entre la enseñanza pública y privada a las declaraciones poco felices de una funcionaria perteneciente al Ministerio de Educación.

Cada mujer, hombre, joven y niño tiene el derecho a una educación básica libre y obligatoria, así como todas las formas disponibles de educación secundaria y superior, y en estas premisas están tácitamente incluidas la calidad y la eficacia de la enseñanza.

Sin embargo, la oferta publicitaria de las escuelas de gestión privada se presenta como de mayor calidad educativa y de docentes, mejores elementos didácticos y en mayor cantidad, y ofrece desde completas instalaciones hasta atención privilegiada a los tutores.

Siguiendo ese criterio, se deduce que las escuelas públicas carecen de todo lo que a las privadas les sobra, y hasta se podría pensar que es contraproducente enviar a los chicos a esas aulas.

Ahora bien, si las maravillas del sistema privado son reales, ¿por qué los Estados provinciales mantienen subsidiadas a las instituciones que lo aplican?

En ese orden, estos fondos son otorgados y administrados por cada provincia y, en teoría, deben ir exclusivamente al pago de los haberes docentes. Además, otros beneficios que tienen estas entidades -y que tampoco se reflejan en la calidad educativa- son gozar de exenciones impositivas en IVA, Ganancias y aportes patronales.

Teniendo eso en mente, la superioridad privada sobre la pública simplemente se refleja en la potencialidad de ser mejor, siempre a expensas de un Estado contemplativo y con apoyo monetario proveniente de las arcas de cada provincia, con el que podrían tener todo lo mejor que promocionan, pagar mejores sueldos y obtener un mayor margen de ganancias.

Asimismo, no es acertado culpar a la pandemia de que las recaudaciones impositivas de los ciudadanos mantengan a las entidades educativas privadas, ya que, antes de que apareciera esta enfermedad, en el país más del 70 por ciento de ellas recibía (y sigue recibiendo) subsidios, y en algunos casos -como Córdoba- hasta el 100 por ciento.

Como dato anecdótico, antes de la aparición del coronavirus, entre el 25 y el 30 por ciento de la matrícula escolar correspondía al alumnado de entidades privadas, pero en la actualidad 1 de cada 10 alumnos se volcó a los colegios públicos, una deserción causada por los incrementos aplicados a partir de la disparada inflacionaria.

Vale destacar, que cuando en 1884 se promulgó la ley Nº 1.420, de educación común, gratuita y obligatoria, que es la piedra basal del sistema educativo nacional, nadie imaginaba que 138 años más tarde una funcionaria del Ministerio de Educación pondría en duda la eficiencia del sistema de enseñanza estatal, destacando los beneficios de un sistema arancelado y de alto costo.

Alejandra Moncada, directora de Enseñanza Privada de la provincia de Corrientes, realizó declaraciones sobre los aumentos de los aranceles en las entidades de gestión privada, que van desde un 25 hasta el 100 por ciento de incremento a partir de octubre, y resaltó que las variaciones están mediadas por los fondos estatales que recibe cada una, destacando que la “única manera de garantizar una educación de calidad es con incrementos”.

Esta controversia, entre uno u otro método, existe desde que Arturo Illia en 1964 decretara el régimen de incorporación de los institutos privados a la enseñanza oficial, y desde allí persiste con las complicidades de un Estado contradictorio, que prefiere otorgar subsidios a un negocio, ya sea monetario o ideológico, en vez de volcar esos fondos a la necesitada educación pública.

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