El tráfico de granos de forma ilegal a Brasil generó la proliferación de organizaciones criminales que envían grandes cantidades de este producto por puertos no habilitados.
Para que esto ocurra, deben falsificar documentos, invertir en logística, pagar coimas y establecer un mecanismo aceitado de envíos a fin de evitar que las fuerzas de seguridad intercepten los cargamentos.
Los dividendos que obtienen los contrabandistas por la soja puesta en Brasil por fuera de los sistemas tributarios, les garantiza recursos económicos para cubrir los gastos de la maniobra ilegal, además de amplias ganancias “en negro” que son incorporadas al sistema económico por medio de mecanismos de “lavado de dinero”.
Pero no siempre el plan resulta satisfactorio. En el camino existe personal de las fuerzas de seguridad que cumplen con su rol de velar por los intereses del país y hacer cumplir las leyes.
Es el caso de la jefa de una Comisaría de la localidad misionera de San Vicente, quien fue víctima de un atentado, presuntamente por haber incautado cargamentos de soja que tenían como destino el Brasil.
Se trata de la oficial María Miranda, jefa de la Comisaría Seccional Segunda de San Vicente, quien descansaba junto a su esposo, también policía, y su hijo de cuatro años en su residencia del barrio Los Lapachos.
La oficial comandó la incautación de 23 camiones cargados de soja y maíz que estaban destinados al contrabando.
Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la pareja escuchó disparos y notó que su auto, un Peugeot 408, estaba en llamas.
En el lugar, los investigadores hallaron 19 vainas servidas de un arma calibre 9 milímetros, además de una botella de líquido inflamable, el cual habría sido utilizado para incendiar el auto, que sufrió cuantiosos daños por las llamas. Luego del ataque, los desconocidos huyeron el lugar y sólo hubo daños materiales.
Por el caso interviene el Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del juez Gerardo Casco.
La principal hipótesis surgida hasta ahora es que se trató de un hecho ligado a la incautación de grandes cargas de soja, debido a que se trata de la jurisdicción que más secuestra granos sin declarar en la provincia.
Tras el hecho, la jefa policial expresó: “Quiero transmitir que nosotros tenemos órdenes de combatir un flagelo y nada nos va a intimidar”.
