Federico G. A. Zamudio.
Una solicitud que surge ante la negligente y permisiva mirada estatal a una empresa subordinada, sobre la cual pesan innumerables acusaciones, desde la precariedad de las prestaciones hasta las posibles maniobras ilegales.
En una conferencia de prensa los concejales de los bloques de Cambio Solidario y del Partido Justicialista, convocaron a los vecinos y comerciantes a firmar un petitorio para que el gobernador regule de inmediato el servicio deficiente y los tarifazos de la DPEC.
El mismo se podrá firmar en horas de la mañana en el Concejo Deliberante o durante todo el día en las sedes de ambos partidos solicitantes. El extenso pedido sostiene, entre otras afirmaciones: “Nos dirigimos a usted con el objeto de solicitarle arbitre las medidas necesarias para subsanar y detener, los graves y penosos inconvenientes que venimos sufriendo como consecuencia de los excesivos y arbitrarios incrementos en la facturación del servicio de energía eléctrica, tanto residencial, comercial y en la zona rural”.
En ese orden, continúa: “Además denunciamos las siguientes irregularidades que se vienen presentando en la prestación de este servicio público: 1- Usuarios que han sufrido la suspensión del servicio a raíz de la aparición en el sistema de la empresa de facturas de períodos anteriores, las cuales por el tiempo transcurrido, se hallan prescriptas.
2- Hostigamiento y abuso por parte de la empresa tercerizada en el cobro de facturas atrasadas, por estudios jurídicos particulares en las cuales los usuarios deben firmar convenios abusivos sin la posibilidad de acordar conforme a sus posibilidades, sin claridad respecto de la tasa de interés que se aplica además de tener que solventar los honorarios de los profesionales actuantes en el procedimiento.
3- Abuso en la estimación arbitraria del consumo cuando existe anormalidad del contador de energía o ausencia del mismo, sin que existan criterios uniformes, llegándose a dar absurdos incoherentes.
4- Por lo expresado solicitamos que se establezca con la mayor celeridad posible una solución inmediata a todos estos abusos por parte de la DPEC, que nos ocasiona serios problemas a los que vivimos como consumidores, afectando nuestra economía familiar, y viola constantemente nuestros derechos de usuarios y consumidores”.
Por último, afirma: “La energía eléctrica constituye un derecho humano y el acceso a ella debe ser garantizado por parte del Estado”.
La fraudulenta tercerización de la Dpec marcha impunemente y con viento en popa
