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Corrientes
20 abril 2024

Una ex fiscal, destituida por sus vínculos en una causa por corrupción, habló de “venganzas políticas”

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La ex subprocuradora de Entre Ríos, quien fue destituida, Cecilia Goyeneche, brindó una conferencia de prensa en el Ministerio Público Fiscal de Corrientes, junto al fiscal general de esta provincia, César Sotelo.

Para el jefe de los fiscales -y abogados defensores oficiales- de Corrientes “es grato recibir la visita de una gran amiga y gran funcionaria, quien es un ejemplo para todos los habitantes de este país”. La misma había llegado a la provincia a participar de un Congreso de Derecho Penal.

“Mi apoyo a la doctora Goyeneche es total e incondicional. Sé lo difícil que es investigar al poder porque en esta provincia lo hicimos. Los costos que tiene. Pero veo su valentía incólume, su voluntad inclaudicable pese al traspié jurídico ocasional que sufrió y sé, como sabemos todos los procuradores y fiscales generales de todo el país, que saldrá fortalecida de todo esto. De mi parte cuenta con un absoluto respaldo, hasta las últimas consecuencias. Confío que su situación se va revertir en la Corte Suprema de Justicia (de la Nación)”, dijo el doctor César Sotelo.

Seguidamente, la exfuncionaria sostuvo que tras intervenir en una causa por hechos de corrupción, “me hicieron un proceso de destitución y en este momento estoy destituida, pero la sentencia no está firme. Tengo varios recursos realizados y uno de ellos es un amparo presentado a la Corte, que tuvo recepción favorable. Estoy esperando que se cumplan los tiempos del proceso”.

Explicó entonces que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya intervino en un recurso a principios de este año, y puso de manifiesto que hubo aberraciones jurídicas en el proceso que se me llevó adelante”, por lo que confía que en una próxima instancia volvería a tener un fallo favorable.

Aclaró, sin embargo, que de tener un revés judicial “voy a llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se logra un fallo favorable en el país”.

Sostuvo, en este sentido, que “cuando intervienen los Tribunales Internacionales pasa mucho tiempo y volver a la situación anterior es difícil, sobre todo cuando hay cargos públicos en cuestión. El problema es de todos, porque los Tribunales del país deben responder y se dan sanciones por el incumplimiento, hasta sanciones económicas. Hay casos en Santa Cruz de fiscales que, aun cuando se ordenó su restitución, no se logró esto”.

La doctora Goyeneche desacreditó las justificaciones hechas por quienes la acusaron de supuesto mal desempeño y acusó al Concejo de la Magistratura de su provincia de estar condicionada por intereses partidarios y sosuvo que la separación del cargo “fue sin duda una venganza” del poder político.

“La corrupción se retroalimenta de una característica de nuestras democracias y que es el de tener altos márgenes de impunidad. Eso facilita los procesos de corrupción porque genera la sensación que contra el Poder no se puede cambiar la situación, pese a que vemos los hechos de corrupción y que algunas personas son cómplices. Cuando ocurre un juzgamiento por corrupción y con resonancia, donde hay personas que todavía tienen una situación de Poder, se pone en crisis la idea de impunidad y hay algo que no es posible cambiar, genera una posición contraria y los acusados temen que aparezcan testigos. Lo que caracteriza a las causas por corrupción es que no hay testigos, la gente no se anima a dar su testimonio y esto se retroalimenta con la idea de que el poderoso siempre ganará la impunidad. Por eso en caso de funcionarios de alto nivel, hay ataque a la independencia de poderes”, sostuvo.

Desde su punto de vista, existe escaso respaldo institucional a los funcionarios del Ministerio Público, al indicar que “la situación que atraviesan los fiscales que investigan actos de corrupción, lo vemos con la tristeza de los ciudadanos que observan que es difícil llevar adelante la función que nos asignaron”.

En este contexto, sostuvo que desde su punto de vista, en su caso, “en sentido técnico, lo que pasó es que es un juicio oral y público donde un fiscal hizo una acusación y frente a esto ocurrieron diversas formas de intromisión. Todos los funcionarios públicos pueden ser criticados en sus funciones, pero el problema es que esas críticas, cuando vienen de otras áreas del sistema republicano o poderes y funcionarios de esos poderes, es preocupante”.

Afirmó que “esto no debiera ocurrir porque cada una de las áreas de la República deben desarrollarse con independencia y libertad. De todos modos, esto no nos sorprende, porque esto ocurre habitualmente y eso es lamentable en una democracia que no tiene la calidad que debiera tener”.

Recordó entonces que “en marzo, junto a la Asociación Argentina de Fiscales hicimos un planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteando esto que se da, un patrón en los casos de corrupción en particular, del fiscal que hace la acusación y que luego es perseguido a través de persecuciones jurisdiccionales, expresiones públicas y siempre padecen las consecuencias, lo que degrada a las instituciones democráticas y debemos mejorar para que esto no pase”.

Por otra parte, habló de las opiniones del Presidente de la Nación en relación a la causa “Vialidad”.  “Es preocupante que un funcionario de otro Poder del Estado opine públicamente de manera incisiva sobre un juicio en trámite, porque esto no sólo implica un cuestionamiento de la función fiscal, que puede ser criticado, pero no por el presidente de la República o funcionarios de otro Poder, sino que es una forma de poner crisis la independencia de los jueces que tienen que intervenir para dictar sentencia”.

Cabe recordar que el presidente Alberto Fernández había recordado al fallecido Alberto Nisman cuando hablaba del rol que cumple el fiscal Diego Luciani, que interviene en el juicio por la causa en la que se busca involucrar a la vicepresidenta Cristina Fernández.

Corrupción en los Poderes del Estado

La fiscal Goyeneche había intervenido como investigadora anticorrupción interina por denuncias periodísticas que fueron luego llevada a la Justicia por dos abogados y que estaban relacionadas con calamitosos desmanejos de fondos públicos en el Gobierno y la Legislatura de Entre Ríos.

La más importante es el caso por el que el Tribunal de Juicios y Apelaciones de la provincia Entre Ríos condenó al exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión efectiva por delitos contra la administración pública cometidos durante su gestión.

El exgobernador fue acusado de realizar contrataciones de empresas para publicaciones de solicitadas, para la instalación de un parador playero en Mar del Plata, para difundir spots de promoción de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014, y para publicidad callejera y en diarios y revistas son algunos de los principales casos en los que la fiscalía investigó presuntos desvíos de fondos.

En la investigación también surgió la causa “Contratos de la Legislatura” provincial y se determinó cómo desde el Estado, tanto funcionarios peronistas como de Cambiemos, hacían contrataciones simuladas -por medio de contratos de locación- de numerosos empleados de ambas cámaras legislativas provinciales, se extraían recursos públicos mensualmente desde 2008 al menos por 50 millones de dólares.

La acusación fue por la existencia de una supuesta “organización mafiosa” y según Goyeneche, “los directores de los servicios contables de la Legislatura de Entre Ríos ya preveían al inicio de año cuánto iba a ser el dinero que pretendían sustraer de las arcas públicas. Entonces contrataban personal temporario” y utilizaban a personas humildes a quienes, en el mejor de los casos, les daban el 10% del valor total.

Pero no contó con que uno de los testigos vincularía a su marido, Sebastián Orlando en estos actos de corrupción. Este había montado un estudio contable con su compañero de facultad, Pedro Opromolla, uno de los contadores acusados de manejar esos fondos mal habidos.

Resultó entonces que Opromolla compartía, en el marco de una sociedad con la fiscal Goyeneche, la propiedad de un departamento en calle La Paz 236 de la ciudad de Paraná, y también eran dueños en partes iguales de otro en la calle 9 de Julio 165, que estaba alquilado a una tercera persona.

Debido a que la fiscal no se inhibió aún cuando investigaba a su socio, fue acusada por mal desempeño en su cargo. Debido a esto fue lleva a un Jury y la destituyeron en mayo de este año.

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