Por medio de un comunicado, la institución que representa a los abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, denunció la “intromisión sufrida por sus matriculados en sus entrevistas con personas privadas de su libertad”.
Pero, además, denuncian que monitorean los diálogos con sus defendidos con “la interceptación de sus comunicaciones telefónicas”.
Estas escuchas se darían con personas imputadas en una causa judicial en la que se investiga a personal del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Dirección de Catastro, investigados por falsificar títulos de propiedad para comercializar terrenos de terceros, acciones que podría complicar a funcionarios gubernamentales.
Remarcaron que estos hechos, “se relacionan con escuchas e interceptaciones de comunicaciones particulares entre las personas privadas de su libertad y los profesionales a quienes se les encomienda su defensa, lo cual representa graves violaciones a los Derechos Humanos, a la privacidad de los asistidos y particularmente al ejercicio de la profesión de abogado, violentando el deber de confidencialidad y el secreto profesional e implicando ello que se violente la garantía convencional del acceso a un proceso justo y con plena vigencia de las garantías constitucionales, además de afectar el respeto y consideración que en el ejercicio de la profesión se le debe al abogado”.
“Ponemos en conocimiento de toda la comunidad profesional colegiada hechos graves que violentan los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad y el ejercicio de la defensa, así como el libre desarrollo del ejercicio profesional, garantías aseguradas no sólo por la Constitución Nacional de la República Argentina, sino también por distintos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, encontrándose obligado el Estado Argentino a respetar aquellos instrumentos y a responder en caso de incumplimiento”, indica el comunicado.
Los hechos que se denuncian también generan cierta incertidumbre debido a que degradan la confianza en las instituciones del Estado y dejan sin herramientas a los profesionales para solicitar la investigación de los actos que, en principio, serían ilegales.
Ante la situación “el Colegio viene a solicitar el cese de las intervenciones telefónicas indiscriminadas de los pabellones penitenciarios, a través de las cuales se concretan las comunicaciones de las personas privadas de su libertad con sus abogados, así como la inmediata destrucción de los registros de las comunicaciones realizadas en contravención al principio de confidencialidad y el secreto profesional”.
Remarcaron que estos hechos son “graves” ya que “se vulnera el ejercicio de la abogacía, el secreto profesional, y la confidencialidad que le son esenciales, así como las garantías de acceso a la jurisdicción de sus asistidos”.
