La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó planteos de nulidad y de sobreseimiento, para de esta forma confirmar la imputación a un empresario automotriz acusado de haber lavado dinero del narcotráfico.
Se trata de Carlos Maronna, propietario de la concesionaria Maronna Automovile, situada en el kilómetro 39,5 de la ruta Panamericana, en el partido de Pilar
El empresario está acusado de haber colaborado con el propietario de otra automotriz, Roberto Rodríguez, actualmente condenado por narcotráfico y lavado de activos.
Las actividades denunciadas habrían ocurrido entre 2011 y 2014. La investigación estuvo a cargo del entonces juez federal de corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila -quien ahora es juzgado por una causa de cohecho-, funcionario que sobreseyó a Maronna al argumentar que su vínculo con Rodríguez era exclusivamente comercial.
Lo que ocurrió luego es que se anuló ese sobreseimiento al tiempo que se ordenó una investigación a los bienes de Maronna, quien quedó procesado.
Pero su defensa planteó la nulidad de todo lo actuado, pero, además, sostuvo que la causa prescribió por el paso del tiempo.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó los planteos de la defensa al indicar que el imputado declaró como imputado el 10 de octubre de 2014. Debido a que la pena máxima para el delito de lavado de activos es de 13 años y 3 meses de prisión, “la acción penal no se encontraría extinta”.
Ante esto, se determinó que la investigación continúe y se encamine a juicio oral.
El lujo es vulgaridad
La acusación a Maronna es el de haber intervenido en maniobras de lavado de activo que consistían supuestamente en recibir dinero de origen ilegal y entregar rodados de alta gama a personas allegadas a Roberto Rodríguez, supuesto líder narco.
En el marco de la investigación se incautaron del negocio ubicado en Pilar autos de lujo, de marcas Porsche, Ferrari, Mercedes-Benz y una costosa camioneta Hummer, entre otros rodados.
La investigación comenzó el 26 de enero de 2012, cuando la Gendarmería Nacional Argentina detectó la existencia de una organización que se dedicaría al transporte y comercialización de grandes cantidades de marihuana.
La droga era adquirida en Paraguay y luego transportada en camiones desde Misiones principalmente hacia Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé, contando también con un equipo de personas que escoltaba la carga en automóviles.
En el contexto de las averiguaciones, señalaron que el responsable de estas acciones sería Roberto Eduardo Rodríguez, propietario de la firma RRVIP, una concesionaria de automóviles de alta gama que operaba en la avenida Quaranta de la ciudad de Posadas.
Según el expediente, con el dinero que recibía de la venta de la droga compraba bienes que ponía a nombre de sus familiares y parejas. Es por ello que se imputó como cómplices -integrantes de una asociación ilícita- de estas maniobras a José Rafael Glibota, Santa Elva Aquino, Daniela Rocío Villalba, Rosa Gladys Ramos, María de los Ángeles Herrera, y Griselda Romina Sosa quienes poseían inmuebles y vehículos a su nombre, presuntamente comprados por Rodríguez.
En cuanto a Maronna “se le atribuye llevar a cabo la subrogación, administración y puesta en circulación del dinero ilícito obtenido por Rodríguez, a través de la compra y venta de automóviles”.
Para los investigadores, los rodados que la firma Maronna Automóvile le “vendía” a Rodríguez eran puestos a nombre de los allegados y familiares de este último, pero luego “se autorizaba a Rodríguez, para que aquel manejara los vehículos y dispusiera de ellos, manteniendo tales rodados bajo su esfera de dominio”.
De esta forma, Rodríguez estaba habilitado para conducirlos o comercializarlos por medio de la concesionaria RR VIP Automóviles, “participando Maronna, en maniobras de compra y venta de aproximadamente 13 vehículos”, indica el expediente.
Llamativamente, el ex juez Carlos Soto Dávila sobreseyó a Maronna, pero Rodríguez fue condenado a 13 años de prisión y también fueron condenados sus familiares acusados de intervenir en las maniobras de lavado.
Lo que había sostenido Rodríguez en el juicio en su contra es que pudo haber existido una connivencia entre el juez y Maronna para “repartirse” los rodados que habían hallado en su concesionaria.
Esto nunca se investigó, pero ahora la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ordenó que se investigue también a Maronna por su posible participación en maniobras de lavado.
Mientras, Carlos Soto Dávila debió renunciar a su cargo después que lo acusaron de supuestamente haber recibido coimas a narcotraficantes y ahora se defiende de esas denuncias en un debate oral.
Otra cuestión que es llamativa es que esta misma Cámara Federal había confirmado el sobreseimiento de Maronna en 2014, pero ahora considera que existen elementos para investigarlo.
