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26 septiembre 2022

Vergüenza en Misiones: brutal desalojo a familias, niños y ancianos discapacitados

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Una pareja con niños, ancianos de avanzada edad discapacitados y mujeres fueron brutalmente desalojados con la Policía en un terreno en el que habitan desde hace más de 50 años.

La situación ocurrió en la localidad misionera de Corpus y la brutal golpiza que recibió la familia fue por orden de una jueza quien, además, mandó a demoler la casa en la que habitaban.

El escandaloso hecho derivó en manifestaciones, corte de ruta y la intervención de organismos nacionales.

“Se vulneraron todos los derechos de los menores”, denunció un vocero.

Según informó el medio La Voz de Misiones, tres generaciones de familias campesinas de Colonia Isolina, de la localidad de Corpus fueron desalojadas violentamente.

El grupo familiar es poseedoras legítimas desde hace más de 50 años en el Lote 12 de esa colonia, ubicada en el Departamento San Ignacio, a unos 80 kilómetros al Norte de la Capital misionera, donde trabajan produciendo alimentos.

El grupo familiar integrado por Julio Larrea, Marina Villagra, sus hijos e hijas, y ocho nietos y nietas, fueron violentados por más de 50 efectivos policiales y el Grupo Especial de Operaciones (Goe), que invadieron el predio de 12 hectáreas, y perpetraron el desalojo por orden del Juzgado Civil y Comercial 4 de Posadas, a cargo de la jueza Nélida Sanabria de Menéndez.

La magistrada sostiene que José Foti, es titular del terreno, porque adquirió el lote a través de una subasta pública en 1988. Sin embargo, cuando obtuvo el terreno, en los papeles ya existía constancia que estas familias habitaban las tierras y se les reconocía el derecho posesorio.

Ante semejante atropello, intercedieron ante la Justicia, la Dirección de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, a cargo de María José Castillo- que depende de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación; la concejal de Corpus, Nidia Pintos, el diputado del bloque parlamentario Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno y las organizaciones sociales que integran la Unión de Trabajadores/as y de la Economía Popular (Utep), quienes gestionar la detención del desalojo que perjudicó a todos, especialmente a niños y niñas, y a una adulta mayor que es ciega.

En 2021, la jueza Nélida Mirta Sanabria de Menéndez cumplió 40 años en funciones, pero en ese tiempo tiene antecedentes por irregularidades en su función, como el de 2003, que estuvo al borde de ser destituida por manejos dudosos de fondos.

“El supuesto titular no hizo ningún acto posesorio durante 30 años del lote donde viven y trabajan estas familias desde hace más de 50 años. Destruyeron sus viviendas y dejaron a los niños y niñas en la calle y a sus padres y madres sin sustento para subsistir. El Estado es responsable de los daños a su integridad. Exigimos que se frene el desalojo, se restablezca la posesión a las familias, haya un resarcimiento de daños ocasionados y se reconozca la propiedad que quienes viven y trabajan en la tierra”, destacaron desde la Utep.

Mientras, un nutrido grupo de manifestantes que acudió en respaldo de la familia afectada, cortó la Ruta Nacional 12 en la intersección con la Ruta Provincial 6 hasta que llegara por escrito la notificación del Juzgado de la orden de suspensión del desalojo.

Luego de las gestiones realizadas, el Juzgado dispuso que por ahora quedaba suspendido el desalojo; pero antes, ya se habían destrozado las viviendas y los muebles de las familias, entre llantos y gritos de las criaturas y la angustia de los mayores.

“Se violaron los derechos humanos elementales de tres generaciones de familias campesinas. No se puede entender la complicidad entre los Poderes del Estado para avasallar los derechos de los más humildes. Una de las abuelas es ciega y hace más de 50 años vive y produce en su parcela. Lamentablemente, el abuelo de los niños y niñas no sabe leer ni escribir, y las autoridades judiciales se aprovecharon de esa falencia y ordenaron el injusto proceder contra adultos y adultas mayores, y niños y niñas, entre ellos algunos lactantes que fueron expulsados de sus viviendas”, expresaron los manifestantes que acudieron en ayuda de la familia campesina.

La Secretaría de Agricultura Familiar intervino en la situación y realizó una presentación legal al Juzgado Civil y Comercial donde se tramita en el expediente, explicitando que las personas involucradas nacieron y criaron a sus hijos e hijas en esa tierra, quienes a su vez armaron sus respectivas familias, desarrollando la agricultura familiar para el autoconsumo y el abastecimiento local.

Actualmente los grupos familiares residen en cuatro viviendas, cuentan con energía eléctrica y agua potable, comparten el mismo territorio, con producciones de yerba, mandioca y cría de cerdos, y están inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar.

Denunciaron entonces que la jueza desconoce las leyes vigentes como la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, así como otros instrumentos jurídicos relacionados al sector, ya que la ley declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria, entendiendo a la tierra como un bien social.

Desde el Gobierno misionero no emitieron postura al respecto, ni asistieron a la familia afectada.

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