El fiscal Gustavo Roubineau explicó que las investigaciones por maniobas de apropiación y falsificación de títulos de terrenos en varios puntos de la provincia, comenzaron cuando la familia de un ex gobernador correntino expuso irregularidades en relación a un campo que estaba en litigio de herederos.
“La investigación no surgió de una denuncia del Registro ni de Catastro, sino en base a una investigación del Poder Judicial”, dijo el fiscal y de esta forma, desmintió al Gobierno provincial que días atrás envió un comunicado en el que desvirtuó la realidad.
Explicó que en la Fiscalía “tuvimos una denuncia de los sucesores de Julio Romero que informaron que en su campo se había presentado una persona que dijo ser la nueva dueña, presentando un título de propiedad que aparentemente era legal”, explicó el fiscal.
El funcionario del Ministerio Público afirmó que ese título “fue emitido por las autoridades del Registro y en base a eso se corroboró que habían inscripto ese inmueble que era de la sucesión, que hasta ese momento no había ninguna disposición de parte de los herederos, a nombre de algunas personas, entre ellas el abogado Mario Espíndola, que había adquirido el 50 % de ese inmueble, que son 5 mil hectáreas en la localidad de Loreto. Eso fue en el año 2019”.
Remarcó que “los abogados de esa sucesión son los que hacen esa denuncia” y tras esto, “nosotros detectamos la actividad de la escribana Gladys Báez y del abogado Espíndola”.
Pero, además, había denuncias de irregularidades en otras dependencias judiciales. “Paralelamente había actuaciones en el Juzgado Correccional Nº2, donde la fiscal (Andrea) González advirtió falsedad de un título” en el marco de una causa por usurpación.
El acusado de haber tomado un terreno presentó un título, pero para la fiscalía el documento era falso.
Este título de propiedad falso “fue tramitado por la escribana Báez”, dijo el fiscal quien explicó que “esa causa en julio de 2021 se remite al Juzgado de Instrucción para que se investigue”.
“Todo eso estaba en curso cuando el Juzgado Nº3, a instancias de esta Fiscalía, pide una medida cautelar para que no se expida o que no se anote ninguna transmisión respecto al inmueble de la sucesión de Julio Romero”, explicó Roubineau.
Tras esta medida “fue cuando las autoridades del Registro, tanto el doctor (Pedro Antonio) Verón como la escribana (María Eugenia) Demetrio, preocupados por esa situación, me informan que ya tenían conocimiento de irregularidades porque meses atrás ya las habían puesto en conocimiento de las autoridades de Catastro”.
Entonces, “en virtud de la gravedad de esta situación, les pedí que realicen la denuncia en mi turno. Fue así que después de varias comunicaciones telefónicas con el secretario de la Fiscalía, el subdirector del Registro de la Propiedad, Pedro Antonio Verón, hace la denuncia”, precisó el fiscal.
Responsabilidad de los funcionarios
El fiscal Gustavo Roubineau indicó que “desde el Ministerio Público se han comprobado graves irregularidades, omisiones del Registro, en cuanto a trámites que debían ser rechazados directamente u observados pero que han pasado y han sido inscriptos”.
Es por ello que la fiscalía apunta a la responsabilidad de los máximos directivos de la Dirección de Catastro y del Registro de la Propiedad inmueble, ya que “en esas actuaciones aparece la intervención directa del abogado Pedro Verón (jefe del área legal de Catastro) y la escribana María Eugenia Demetrio (directora del RPI)”.
Con el avance de las investigaciones se pudieron detectar un importante número de causas judiciales iniciadas por la apropiación de terrenos. “Tenemos mas de veinte expedientes de ciudadanos comunes que de un día para el otro se enteraron de que sus inmuebles tenían otros dueños, para que vean la gravedad de esta situación”, sostuvo el fiscal.
Explicó que “son inmuebles en diferentes zonas de la provincia: Loreto, Riachuelo, Capital, el loteo que está por Ruta Nº 43, acceso a Santa Ana”.
Remarcó que “esto genera una inseguridad en la actividad comercial de los inmuebles. Acá lo que se vislumbra es un desastre”.
Indicó además que “tenemos las pruebas concretas de las defraudaciones, las estafas, los cambios de titularidad. Pero todavía hay mucha tela por cortar. Puede haber más detenciones. No se descarta nada”.
Para el fiscal lo único certero es que “el Registro y Catastro han sido parte de una operatoria ilegal”.
Respecto a esto, afirmó que “tenemos mucha prueba documental”, pero aclaró que “el tema de las relaciones personales es muy difícil comprobar, como ser la de la escribana (Gladis Dionisia) Báez con las autoridades del Registro de la Propiedad y de Catastro”.
Maniobra de muchos años
Lo que se trata de establecer es desde cuándo se realizan estas maniobras ilegales de apropiación de terrenos.
Según el fiscal, “durante la investigación se pudo secuestrar el protocolo de la escribanía de Báez, donde tuvimos acceso a todas las escrituras desde 2019 a 2021. Incluso durante el 2022, después de la detención de Gladis Dionisia Báez, se trató de inscribir otros títulos”.
Es así que con esos documentos se realizó “un análisis exhaustivo de lo principal de la causa, haciendo un recuento de cómo se inició y cómo se fue desarrollando y los aportes significativos que nos permitieron llegar a la conclusión que ya estaba esbozada como hipótesis: que es la participación de personal del Registro y de Catastro en la facilitación en los trámites para lograr esta modalidad defraudatoria que involucra una parte interesante de inmuebles”, sostuvo el fiscal.
Detenciones preventivas
Mientras avanzan las averiguaciones más de 15 personas permanecen detenidas, acusadas de formar parte de una banda delictiva dedicada a falsificar instrumentos públicos y a la compra y venta de inmuebles de manera irregular y concretar así una megaestafa.
Entre ellas se hallan el titular de la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía, Narciso Santín Tofoletti, la titular del Registro de la Propiedad Inmueble, María Eugenia Demetrio (Presidenta del Consejo Federal de Registros de todo el país), y la escribana Gladys Báez (actualmente con matrícula suspendida).
En las últimas horas se presentaron ante la Justicia cinco pedidos de excarcelación que deberán resolverse esta semana.
