Federico G. A. Zamudio.
Sospechosamente alineado con los grandes latifundistas, buscando sociedades con la oligarquía macrista y con la mira puesta en su probable beneficio personal.
Si bien la eximición del pago del impuesto a las ganancias, a los productores damnificados con la sequía y los incendios, fue establecida con la ley de emergencia, el solícito mandatario correntino había anunciado -en febrero de 2022- con bombos, platillos y decreto incluido, que tomó la decisión de que no realizarían el pago del tributo aquellos empresarios rurales que fueron afectados por los fenómenos ambientales.
Más cerca en el tiempo, el gobernador de Corrientes en las últimas semanas reforzó su discurso de campaña que apoya a la alianza nacional opositora, ECO-Juntos por el Cambio, y volvió a cuestionar al Gobierno nacional, manifestando con ampulosas declaraciones que -directamente- había que sacar el impuesto a las ganancias, justificando la maniobra en que, de esta manera “el campo, por lo menos, tenga una oportunidad más”.
Precisamente lo dijo el 11 de agosto durante un acto oficial en su pueblo natal, Ituzaingó, cuando fue a entregar subsidios a los productores afectados por los incendios del verano pasado, justamente con dinero que proviene del Estado nacional.
Con respecto a la declaración, no deja en claro cuáles son las oportunidades que se merecen, o si entre ellas está la de evadir al fisco. Por lo pronto, y habida cuenta de los beneficios individuales que recibiría dejando de lado esta carga impositiva, ahora inició una conveniente relación de simpatía con los grandes sectores económicos del campo argentino.
Además de buscar este respiro monetario personal, está alineado con los gobernadores que no clarifican el estado de su patrimonio -el cual extraoficialmente se sabe que es muy abultado-, y al que para determinarlo se requiere que deje de evitar las declaraciones juradas, las que son un instrumento esencial para ejercer un control sobre los funcionarios y prevenir los delitos contra la administración pública.
Por otro lado, hay que saber que solo 944.019 personas deben pagar el tan cuestionado (por la oposición) impuesto a las ganancias en 2022, y son aquellas que cobran por encima de $280.792, el resto, la mayoría de la población, tiene sueldos por debajo de esa cifra, hasta llegar al salario mínimo vital y móvil, de $47.850.
De esta manera, y nuevamente abogando por los que más tienen, entre los cuales -sin lugar a dudas- ocupa un sitio predominante, intenta evitar la recaudación de $250.000 millones en 2022: $100.000 millones irán al tesoro nacional y $150.000 millones a las provincias, de los cuales Corrientes recibirá $5.275 millones, que se deberían destinar a los más necesitados.
Asimismo, hay que recordar que esta provincia, como el resto de los distritos, recibe fondos de la coparticipación y aportes del tesoro nacional, cuyos montos a la fecha superan los 100 mil millones de pesos, y de los cuales el ciudadano común merece conocer claramente sus destinos, para aplicar la tan exigida, pero poco usada transparencia.
