Un Porsche Cayman, un Toyota Coupé 86 y un BMW Z4, tres de los vehículos de alta gama incautados en octubre de 2014 durante el allanamiento de una concesionaria posadeña, que se utilizaba para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, serán entregados a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y sometidos a una subasta pública.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, que falló a favor de un pedido formulado por la UIF, que intervino en la causa como querellante particular.
El planteo consistió en solicitar los tres rodados para que sean sometidos a remate y que lo recaudado sea depositado en un plazo fijo hasta que la sentencia impartida contra los responsables de la maniobra quede firme, consignaron fuentes consultadas por la Voz de Misiones.
Entre los fundamentos, la UIF mencionó que por sus “características” los mencionados vehículos “no pueden ser afectados a fines de utilidad pública, y que, por las condiciones en las que se encuentran alojados denotan un peligro real de que su valor económico se vea inexorablemente depreciado, hasta el momento en que se resuelva en definitiva el recurso ante el tribunal de casación”.
El planteo fue remitido al Ministerio Público Fiscal, que no se opuso a la medida y, en consecuencia, el TOF dio el visto bueno para ejecutar la entrega de los rodados actualmente incautados en un depósito de la AFIP-DGA en Garupá y autorizar el remate de los mismos a través de una subasta pública que deberá ser programada para los próximos meses.
El dueño de la concesionaria es el empresario santafesino Roberto Rodríguez, quien en 2018 fue condenado a 13 años de prisión tras ser hallado responsable del delito de “lavado de activos de origen delictivo agravado por cometerse en habitualidad y en banda”.
Junto a él fueron condenadas seis personas, entre ellas su madre y su ex pareja, quienes recibieron penas de entre 10 y 4 años y medio de prisión, aunque sólo Rodríguez fue a la cárcel.
La sentencia fue confirmada en primera instancia en 2021 por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyos magistrados rechazaron los planteos de los acusados y ratificaron las condenas impuestas por el TOF de Corrientes.
Además, el tribunal correntino ordenó el decomiso de los vehículos (18 en total) y de los inmuebles que fueran objeto y/o medio de lavado de activos.
También se resolvió clausurar la personería jurídica de la empresa RR Vip que comercializaba los vehículos, del complejo turístico Tangará (ubicado en Montercalo), de la empresa de turismo Emsetur y de un corralón de Cerro Corá. A través de esas firmas los investigadores de la histórica pesquisa financiera establecieron que circularon más de 158 millones de pesos originados en la venta de estupefacientes.
Meses después de la sentencia, el TOF además dictaminó que el inmueble donde funcionaba RR VIP pase a manos de la GNA a modo de depositario judicial.
La decisión se tomó a partir de un pedido de la Agrupación IV Misiones de dicha fuerza federal, cuyas autoridades consideraron que el local podía albergar oficinas del Centro de Reunión de Información Misiones, dependiente de la Unidad de Procedimientos Judiciales y del Grupo de Investigaciones de Delitos Económicos.
