El titular de la Dirección de Catastro, Narciso Santín Toffoletti y la directora del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes se hallan detenidos, sospechados de integrar una organización criminal dedicada a la apropiación de terrenos privados y de comercializarlos.
Los funcionarios afrontan acusaciones por delitos graves y pese a ello el Gobierno de Corrientes no intervino las instituciones involucradas y tampoco los relevó de sus cargos.
Desde el Poder Ejecutivo sólo se limitaron a emitir un comunicado de prensa en el que “garantiza el funcionamiento de las dependencias”.
En el texto se evita explicar el modo en que se avalará que todo funcione a la normalidad sin quitar de los puestos a personas que todavía siguen tomando decisiones, aún imputadas en una causa judicial.
Es así que en la comunicación oficial se dio a conocer que “el Gobierno de la Provincia, ante las acciones llevadas a cabo por la Justicia Correntina, en el ámbito del Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección General de Catastro, que el pasado día jueves consistió en el allanamiento de las oficinas de las mencionadas dependencias y la detención de los responsables de las mismas, consigna que prestará la colaboración que se requiera a la vez que garantiza el funcionamiento de las mencionadas dependencias, recordando que la investigación en curso surge a partir de una denuncia de los organismos de contralor de estas”.
Además, en un comunicado de la Dirección de Información Pública del Gobierno se expresó: “respecto de las medidas judiciales que afectan a los organismos provinciales, Registro de la Propiedad Inmueble y Dirección General de Catastro, y la detención funcionarios de los mismos, el Gobierno de la Provincia consigna que aguarda y colabora con la investigación y determinación de responsabilidades en los hechos presuntamente delictivos que habrían ocurrido, poniendo de relieve que las investigaciones de los mismos se originaron a partir de las denuncias de los mismos organismos de contralor de las citadas entidades y que datan del pasado mes de febrero”.
Lo que el Gobierno de Corrientes evita indicar es que el denunciante de estas maniobras, Pedro Antonio Verón -Jefe de Departamento Legales de la Dirección de Catastro, y responsable del área de contralor-, también está detenido y sospechado de ser parte de la supuesta asociación ilícita. Su detención surge de las pruebas obtenidas por la Justicia, a raíz de su denuncia.
El comunicado indica también que “oportunamente a través de la citada denuncia se aportaron todos los datos e información necesaria para avanzar con la investigación y salvaguardar los intereses de los ciudadanos correntinos afectados”.
De esta manera, el Poder Ejecutivo de Corrientes evita indicar que los documentos que constan en la causa fueron obtenidos en una serie de allanamientos realizados por la Prefectura Naval Argentina por orden del fiscal Gustavo Roubineau.
Tampoco explica el Gobierno quiénes supuestamente aportaron los datos para avanzar con la investigación y de qué modo lo hicieron, ya que todos los administrativos de alto rango, funcionarios controlantes y hasta administrativos de la Mesa de Entradas, están detenidos.
“Así mismo el Gobierno asegura que garantiza el funcionamiento de las mencionadas instituciones, fundamentales para el desarrollo de las actividades que involucran a las propiedades de los correntinos. Destacando que las actividades que el organigrama provincial le otorga a ambas se siguen cumpliendo de manera normal”, dice el comunicado.
La llamativa promesa del Gobierno de hacer funcionar “normalmente” las oficinas, contrasta con la realidad: no hay ningún responsable asignado y los sistemas informáticos no funcionan en su totalidad, por lo que no queda claro el modo en que los organismos puedan funcionar eficientemente.
Reconoce el Gobierno de Corrientes, sin embargo, que “los hechos que se investigan tienen que ver con actividades desarrolladas por profesionales y ciudadanos del ámbito privado que habrían intentado o inscripto títulos de propiedades obtenidos de manera fraudulenta, lo que derivó con anterioridad en detenciones y acciones que intentan determinar las magnitud y la existencia de diversos delitos y los involucrados en la concreción de los mismos”.
Estos ilícitos reconocidos por el Poder Ejecutivo implican que en realidad fallaron los “organismos de control” y que hasta del Ministerio de Hacienda y Finanzas -de donde depende Catastro- podría estar involucrado en los hechos investigados.
Es por ello que los legisladores de la bancada del Frente de Todos, José Ruiz Aragón, Carolina Martínez Llano, Víctor Giraud, Martín Barrionuevo, presentaron en la Cámara alta un proyecto de resolución para que acuda al recinto el Ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, con el objetivo de obtener información oficial respecto a lo que ocurre en la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad. La convocatoria no fue respondida por el ministro ni por el Gobernador.
