En un establecimiento hallaron 14 trabajadores no registrados, que no tenían los elementos mínimos indispensables para realizar un trabajo.
Por orden del Juzgado Federal de Paso de los Libres y desde la Secretaría de Derechos Humanos de ese juzgado, en las últimas horas se realizó un allanamiento en el establecimiento Estancia San Enrique, dedicado a la explotación forestal en un campo ubicado en intersección de las rutas N°14 y N°117.
El operativo estuvo a cargo de la Gendarmería, inspectores de la Afip, del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, de la Dirección Nacional de Migraciones, y del Programa Nacional de Rescate dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, entre otros organismos nacionales.
En el establecimiento había claros signos de explotación laboral: los trabajadores cobraban $5.000 por quincena, no tenían elementos ni ropa de seguridad para el trabajo y vivían en condiciones más que precarias: casilla de madera, camas sobre troncos, faltaban colchones, baños letrinas, sin agua potable ni duchas y cocinas a leña, entre otras condiciones indignas y riesgosas de trabajo. La intervención judicial se desarrolló en el marco de investigación por denuncia e infracción a la ley 26.364 sobre trata y explotación de personas.
El 8 de febrero de 2011 se allanó un campo dedicado a la explotación forestal a través de una denuncia efectuada por el Uatre en Paso de los Libres. En la intervención judicial se detectaron que las jornadas laborales duraban 10 horas, las cuales las dedicaban a la poda de eucaliptos. Ningún trabajador estaba registrado. Sumado a que en muchos casos les retenían sus documentos. Estaban acorralados y era imposible escapar.
El proceso judicial empezó en febrero de 2011. El Juzgado Federal de Paso de los Libres los había procesado y había trabado un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir entre $100.000 y $200.000. Seis años después, la Fiscalía Federal de Paso de los Libres pidió que vayan a juicio oral Rolando Abel Díaz (70), Gustavo Javier (51), Enrique Juan (42) y Diego José Percara (50), acusados de coautores de los delitos de “trata de personas y reducción a la servidumbre”. Los cuatro captaban a muchas de las víctimas. Díaz era el presidente de la cooperativa de trabajo Tierra Colorada Limitada -creada hace 23 años- y los tres hermanos eran socios de El Batelito SA -creada hace 19 años-. La primera tiene el domicilio fiscal en Eldorado, Misiones, mientras que la segunda, en Chajarí, Entre Ríos. La cooperativa sumaba asociados que hicieran las tareas específicas en el contrato de locación de servicios para la firma “El Batelito S.A.”
Pero los empresarios del norte argentino no trabajaban solos. Contaban con la ayuda del personal administrativo de la cooperativa -Nilda Laura Maack (63), Fabián Eduardo Knebel (38) y Mónica del Luján Nabone (57)- y de José Querubín Holsbach (57), el encargado de la forestación. Holsbach era empleador registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y tenía un rol fundamental en la cadena de explotación laboral: contactar y captar a algunas víctimas. Las personas explotadas declararon que no firmaron un contrato con la empresa “El Batelito S.A.” para la que trabajaban y algunos habían firmaron una solicitud para asociarse a una cooperativa de trabajo Tierra Colorada.
Pese a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes absolvió a los acusados por explotación laboral en mayo del 2021, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la sentencia hace un mes. Además, ordenó que se haga un nuevo juicio.
“Se demostró en el juicio que la cooperativa estaba vinculada a la empresa para captar a víctimas de zonas cercanas a Paso de los Libres, que estuvieran en situación de vulnerabilidad”, dice Mariano Borinksy, uno de los tres jueces de Casación que resolvió el caso. Y agrega: “Los fundamentos del TOF eran arbitrarios y ante este tipo de sentencias reenviamos la causa para que otro tribunal vuelva a juzgar a los imputados”. Asimismo, aclara que si el mismo TOF dicta una nueva sentencia “deberá estar integrado por otros jueces”.
El camino de la causa para que llegue a ser resuelto por Casación fue complejo, dado que el TOF, luego de dictar la absolución, negó al Ministerio Público Fiscal esa posibilidad. Sin embargo, el fiscal federal Carlos Schaefer, la auxiliar fiscal Tamara Pourcel y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo presentaron un recurso en queja ante Casación.
“Los explotadores se esconden detrás de cooperativas de trabajo y cuentan con la connivencia del Poder Judicial y del poder político. Sumado a esto, fallan los controles administrativos”, explica el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera. Y señala que fueron “contundentes” las pruebas que presentó Schaefer. A su vez, destaca que solo hay registrados 250.000 trabajadores en el ámbito rural, mientras que 750.000 no lo están.
Por su parte, José María Serbín, delegado de la Región NEA del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, dijo: “Estuve presente en varios de los debates del juicio oral y me vi sorprendido cuando el TOF absolvió a todos. La abundancia y contundencia de las pruebas eran apabullantes”. Para él, los testimonios de los agentes de la Afip fueron desgarradores, dado que describían las condiciones inhumanas en las que vivían. Las víctimas del caso Batelito regresaron a su lugar de origen. La mayoría a Misiones y algunos a Corrientes.
