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20 abril 2024

Escribana imputada por fraude tendría vínculos con el ex gobernador Ricardo Colombi

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Una de las escribanas involucradas en la mega estafa y apropiación de terrenos en la provincia de Corrientes, es la misma que en 2006, intervino en una maniobra para que el ex gobernador Ricardo Colombi, pueda acceder a una casa valuada en varios millones de dólares, evadiendo impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En los hechos, se trata de la adquisición de inmuebles por medio de dos testaferros: Marcelo Laslo, entonces empleado del Pami en Corrientes, y su pareja, María Elena Haddad.

Parte del expediente en el que se la relaciona a Báez con el ex gobernador.

Lo que se había hecho era hacer constar que el empleado público le cedía los derechos sobre los bienes que estaban a su nombre pero, es decir, “regaló” a un legislador nacional en funciones y ex gobernador (Colombi) inmuebles cuyo valor superaban ampliamente su poder adquisitivo.

Este ardid fue denunciado por el joven empresario de medios, Hernán González Moreno en 2009, pero horas antes de ratificar su denuncia, apareció muerto.

Una de las escribanas que certificó la transacción trata de Gladis Dionisia Báez, quien ahora espera ser juzgada por esas intervenciones irregulares.

“Estamos en etapa de presentación de pruebas, para luego ir avanzando en establecer una fecha de juicio”, indicó una alta fuente de la Justicia Federal respecto de la causa originada en el expediente conocido como “La Casita Regalada”.

Mientras esto ocurre en el fuero federal, la escribana Báez es investigada por la Fiscalía de Instrucción Provincial 6, por haber supuestamente certificado papeles para que se configure la apropiación ilegal de grandes extensiones de terrenos pertenecientes a personas fallecidas y que luego fueron comercializados a elevados valores.

La sospecha es que, sus contactos políticos -a caso por medio del ex gobernador, presidente de la UCR provincial y amigo de Mauricio Macri- se valió de cierta impunidad para intervenir en una mega estafa con terrenos cuyos titulares habían fallecido.

La denuncia de fraudes con terrenos ubicados en las localidades cercanas a la capital correntina, la ubican como la principal responsable de estas acciones delictivas.

La investigación indica que en connivencia con Narciso Toffoletti, el director de la Dirección de Catastro y María Eugenia Demetrio, directora del Registro de la Propiedad Inmueble, un grupo de abogados y particulares, entre ellas unas supuesta falsa escribana, Teresa Vázquez -prófuga-, se apropiaban de terrenos deshabitados para luego venderlos.

Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal de Corrientes, quien lleva adelante la investigación de la causa es el fiscal de Instrucción 6 de la capital, Gustavo Alejandro Roubineau.

El funcionarios dio a conocer que la investigación derivó en los allanamientos realizados el jueves en la ciudad de Corrientes  y en la localidad de Santa Ana.

Las incursiones fueron realizadas por la Prefectura Naval en la Dirección General de Catastro, en el Registro de la Propiedad Inmueble y en tres domicilios particulares.

En los operativos se detuvo a siete personas que revisten la calidad de imputados.

Todo esto, en el contexto de la causa caratulada “Báez, Gladys Dionisia y otros por supuesta asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario, entre otros”. El expediente  lleva el N° 249.551/21 y obedece a una investigación que viene desarrollando desde el año 2021 y tiene por objeto indagar sobre una serie de defraudaciones cometidas contra una importante cantidad de inmuebles ubicados en territorio provincial “que han sido despojados a sus legítimos dueños mediante escrituras públicas y otros documentos falsos”, indica el informe.

Este accionar se atribuye “a una organización o banda criminal integrada, entre otros, por escribanos, abogados y funcionarios públicos”, que en total serían 14.  

Según el informe oficial, en la pesquisa de la Fiscalía de Instrucción n.° 6 detectó un “sinnúmero de defraudaciones y estafas, que analizadas en su conjunto, amenazan y ponen en riesgo la seguridad del sistema registral y catastral de esta provincia”.

En este contexto, el doctor Roubineau solicitó a la jueza de Instrucción 3, Josefina González Cabañas, allanamientos y  detenciones de los sospechosos, entre ellos administrativos y directivos de oficinas públicas como también de profesionales.

Los delitos que se le imputan a las personas detenidas son asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, falsedad ideológica de instrumentos públicos, estos últimos agravados por ser funcionarios públicos y fraude en perjuicio de la Administración Pública, previstos en los artículos 210, 172, 248, 256, 292, 293, 296, 298 y 174, inciso 5 y 45 del Código Penal.

La causa toca también a un fiscal de la provincia quien, según se investiga, habría adquirido al menos cuarenta lotes por medio de la falsificación de documentos.

Responsabilidad política

Tras las detenciones de funcionarios provinciales legisladores del Partido Justicialista (PJ), José  Ruiz Aragón, Carolina Martínez Llano y Victor Giraud, Martin Barrionuevo, presentaron en la Cámara de Senadores de la provincia, un proyecto de resolución para que acuda al recinto el Ministro de Hacienda y Finanzas y explique qué ocurre en la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad. 

Ambos organismos, dependientes de su área, cuyos funcionarios fueron detenidos por la Justicia provincial en el marco de una investigación en curso sobre supuesto fraude.

Los senadores provinciales del Partido Justicialista citan al ministro de Hacienda y Finanzas al recinto, para que dé explicaciones sobre la situación actual en la Dirección de Catastro y en el Registro de la Propiedad y el Inmueble.

Se debe a la detención judicial de varios funcionarios y funcionarias de esas dependencias en el marco de una investigación en curso sobre posible fraude por parte de la Justicia provincia.

En los fundamentos los legisladores exponen: “Dada las noticias de público conocimiento que suscitaron los allanamientos desarrollados sobre la Dirección General de Catastro y Cartografía y sobre el Registro de Propiedad Inmueble que tuvieron por destino la detención con prisión preventiva de la escribana María Eugenia Demetrio y Narciso Santín Toffoleti, directores de los respectivos organismos.

Estando esta situación encuadrada en una investigación que se viene desarrollando desde el mes de febrero del presente 2022, que versa sobre maniobras de estafas que llevaban adelante los funcionarios públicos detenidos, junto a la falsa escribana Teresa Vazquez”, esta última, prófuga.

“A ello se suma que la apropiación ilegitima de inmuebles de personas fallecidas o sin herederos habría significado el enriquecimiento de personas renombradas de la sociedad correntina, como por ejemplo, un funcionario judicial que se desempeña como fiscal (que está siendo investigado) o el hijo de un altísimo funcionario del gobierno provincial (que no está siendo investigado)”.

En el último tramo del pedido destacaron: “Al día de hoy, tenemos un director de los organismos públicos más importantes que tiene la Provincia de Corrientes presos, con prisión preventiva porque se sospecha que pueden destruir pruebas o fugarse. Desde hace seis meses que comenzó la investigación y hasta ahora se desconoce si se hizo alguna auditoria de control sobre el funcionamiento de los organismos en los últimos dos años”.

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