Federico G. A. Zamudio.
Una empresa que promueve la venta de velas y la compra de equipos electrógenos, exprime al usuario ofreciendo un servicio deficiente y se preocupa solo de aumentar los precios.
Cuando se habla de la ley de la oferta y la demanda nos referimos al principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. En este se refleja la relación que existe entre la exigencia de un producto o servicio y la cantidad ofrecida de los mismos, teniendo en cuenta el precio al que se venden, viéndolo en forma sencilla: si aumenta la demanda disminuye la oferta, y viceversa.
Dando un ejemplo aún más simple: si el precio de los tomates aumenta, la gente compra menos, hasta que baje el precio, o recurre a otros comerciantes, ya que si hay más de un productor de tomates surgiría la competencia, y eso haría que varíen los valores.
Si esa lógica se trasladara al mercado energético, se observaría que de la teoría a la práctica las cosas son totalmente distintas, a saber: existe una sola empresa, por lo cual no hay competencia; y la oferta siempre excede a la demanda, siendo esta situación avalada por la connivencia del autoritarismo estatal correntino.
Asimismo, hay que agregar que el producto que ofrece (energía) se entrega mediante un servicio defectuoso, que no se renueva verdaderamente, ya que la mayoría de las veces se emparcha para que siga funcionando.
Además, la falta de cables y conectores, o las insuficientes estaciones transformadoras, son algunas de las causas del mal servicio de una empresa que ni siquiera provee completamente a sus empleados de los elementos necesarios para trabajar, y cuyas quejas se replican año a año.
De tanto en tanto, aquí y allá, se publica que la DPEC hará cortes para realizar reparaciones, las que luego son explicadas en un boletín oficial mediante un lenguaje técnico inentendible para el ciudadano común, o anuncia con bombos y platillos que inauguraron una nueva estación transformadora.
Siguiendo esa línea, a pesar de los avisos de mejoras, nada impide que los apiñamientos de cables formen parte de la panorámica ciudadana, o que cuando llega el verano los cortes eléctricos se sucedan uno tras otro, curiosamente casi siempre porque explotó alguno de los parches aplicados.
Por otro lado, Corrientes está entre las 11 provincias que cobran más caro el servicio energético al usuario residencial, no porque el costo de la electricidad sea mayor (tiene el mismo costo de adquisición mayorista que en el resto del país, corresponde a un 36% por ciento del total de cada factura), sino por la carga impositiva que el gobernador, Gustavo Valdés, y la DPEC aplican por los gastos del transporte -que incluye los gastos de distribución, pérdidas técnicas y no técnicas, impuestos y ganancia empresarial (corresponde al 64 por ciento de lo facturado) lo que hace que el ciudadano común pague hasta un 80 por ciento más.
En conclusión, si a todo lo mencionado se le agrega que la entidad correntina tiene una deuda de más de 4.500 millones de pesos, surge la duda sobre el destino de las ganancias que obtiene, y se ciernen sobre ella las sospechas de maniobras fraudulentas en su funcionamiento.
Curiosamente, si la situación se comparara a la de una empresa privada, ésta ya se habría declarado en bancarrota, sus propietarios estarían siendo juzgados y otro organismo estaría proveyendo el servicio, claro que para eso tendría que hacerse la luz.
En Corrientes aumentó casi un 70% el precio de la electricidad por decisión del Gobernador
