Federico G. A. Zamudio.
Los casos fueron derivados a la Justicia federal y dieron lugar al requerimiento actual, realizado por el fiscal federal Fabricio Sabadini.
El hecho se dio a conocer a partir de las denuncias que los damnificados realizaron en la Coordinación de Integración Infológica para Programas de la Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en julio de 2018.
El funcionario judicial consideró que se está ante un caso de extorsión y pidió que se instrumenten medidas probatorias para avanzar en la investigación, en el marco de lo cual solicitó puntualmente que se cite a indagatoria a los dirigentes acusados por las personas denunciantes.
En el documento se citó a los dirigentes “Amílcar y/u Oscar Soto y Valeria Ramírez, cuyos demás datos surgirán en el curso de la pesquisa y/o contra toda otra persona que posteriormente se determine haya participado en el carácter de coautor/es, cómplice/s, encubridor/es del hecho que se investiga”.
Por otro lado, las denunciantes son Rosana Pérez, Elizabeth Ledesma, Gabriela Sosa y Alejandra Machuca, quienes afirmaron que referentes de los movimientos Teresa Rodríguez y Federación de Organizadores de Base (FOB) les exigían un aporte de dinero mensual de la ayuda económica que recibían del Ministerio de Desarrollo Social, y afirmaron que también les exigían asistencia a movilizaciones y la realización de tareas proselitistas, con la amenaza de perder el beneficio económico si no lo hacían.
Asimismo, el fiscal manifestó: “Considerando los hechos que surgen plasmados en la denuncia inicial, y las declaraciones testimoniales recibidas en la fiscalía a mi cargo, se vislumbra una hipótesis de investigación con connotación penal, que amerita el inicio de la instancia de instrucción”.
