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Corrientes
20 abril 2024

Corrientes: funcionarios falsificaban documentos para quedarse con los terrenos de personas fallecidas

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En el contexto de una serie de siete allanamientos, efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron a un grupo de funcionarios del gobierno provincial, acusados de maniobras ilegales para apropiarse de terrenos que luego los comercializarían.

El operativo es en el contexto de una causa iniciada hace ocho meses por el fiscal Gustavo Roubineau quien, a principios de año, ya mandó a detener a otras cinco personas, entre ellas una falsa escribana.

Desde tempranas horas de este 11 de agosto, la Prefectura Naval Argentina detuvo a un alto funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble y a un directiva de la Dirección de Catastro de la provincia de Corrientes, junto a otras seis personas, acusados de una presunta estafa con venta de terrenos.

Las detenciones son resultado de una investigación orientada por la jueza de Instrucción 3 de Corrientes, Josefina González Cabañas, y la Fiscalía de Instrucción 6 a cargo de Gustavo Roubineau.

Estos funcionarios habían recepcionado denuncias de presuntos ilícitos en enero, pero no avanzaron con detenciones a funcionarios públicos hasta ahora.

Es así que este jueves se concretaron las detenciones de siete funcionarios, entre los que se encuentran la directora del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia, María Eugenia Demetrio, y el director de Catastro provincial, Narciso Santín Tofoletti.

Demetrio es escribana y su ámbito de función está bajo la órbita del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Gustavo Valdés y, a su vez, preside el Consejo Federal de Registros de Propiedad Inmueble de la Argentina.

Tanto, Narciso Santín Toffoletti, Demetrio -quien ejerce el cargo desde 2017- y las otras cinco personas están imputadas en una causa que investiga una supuesta asociación ilícita que cometía estafas, falsedad ideológica e incumplimientos, entre otras figuras penales.

Las maniobras consistían en la inscripción de propiedades ubicadas en cercanías de la capital correntina, pero con títulos adulterados luego de operaciones económicas de venta.

Este jueves fueron detenidas mujeres y dos hombres quienes permanecen en dependencias de la Prefectura Naval Argentina y fueron citados a declarar este viernes 12 en los tribunales del microcentro correntino, desde donde podrían ser derivados de sedes policiales de la provincia.

Por su parte, el Gobierno de la provincia ofreció su versión a través de un comunicado oficial, mientras se allanaba la oficina de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble.

En su versión de los hechos, el Poder Ejecutivo provincial indicó que los operativos desarrollados “corresponden a la continuidad del proceso iniciado por las denuncias generadas por las respectivas oficinas de contralor de los mencionados organismos provinciales”.

“El hecho cuya investigación se promovió involucra el accionar de una escribana del ámbito privado, que intentó concretar la inscripción de inmuebles con los títulos de propiedad adulterada, y que aparentemente habían sido comercializados por la profesional”, añadió el Gobierno de Valdés.

“El mecanismo fraudulento -agregaron- fue detectado por los organismos de contralor de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble, cuyas autoridades oportunamente recurrieron al ámbito judicial para que proceda a corroborar las infracciones y los posibles delitos que se habrían intentado cometer”, añadió la administración provincial.

Insistieron en que “las acciones generadas en la fecha son consecuencia de las denuncias generadas por los organismos de la provincia y se aguardan nuevas acciones similares hasta la determinación definitiva de responsabilidades en este tipo de procedimiento fraudulento, que no se ha concretado gracias a la intervención de los organismos de contralor de las mencionadas reparticiones provinciales”.

Secreto a voces

La venta de terrenos con documentación irregular era un secreto a voces. Algunas familias que tenían terrenos en juicios sucesorios se enteraron luego que los mismos ya tenían otros dueños, lo que generaba un nuevo conflicto con los supuestos compradores “de buena fe”.

En enero llegó a manos del fiscal Gustavo Roubineau una denuncia respecto de usurpaciones en terrenos en la localidad correntina de Santa Ana donde, posteriormente, se construyeron barrios privados.

Quien realizó la denuncia, paradójicamente, es otro de los imputados Pedro Antonio Verón, quien Verón ejerció el rol de Jefe de Asesoría de Legales del Registro de la Propiedad Inmueble, y que luego fue designado es el Sub Director del organismo.

Este funcionario intervenía antes que se realice una escritura. La tarea que tenía era el de verificar si los documentos de los terrenos cumplían con los requisitos que establece la ley.

Lo que dio a conocer es que la banda se encargaba de buscar inmuebles de personas fallecidas.

Una vez identificados los terrenos, se confeccionaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos.

En paralelo se realizaba un una mensura al terreno, con la justificación que supuestamente el “comprador” había habitado el terreno por más de 20 años.

Pero como esto no habilita el trámite de un título, se presentaban croquis a los se les ponía otro número de registro, para poder escriturar la propiedad usurpada.

De esta forma, en el Registro de la Propiedad se emitía una escritura legal y los terrenos luego eran comercializados.

Esta maniobra ya había sido denunciada en agosto del año pasado.

El 2 de febrero se realizó un primer allanamiento en el que detuvieron a tres hombres y dos mujeres, mientras que una falsa escribana quedó prófuga.

El 16 de ese mismo mes, ocurrió un siniestro en el Registro Provincial de la Propiedad Inmueble, justo en la oficina en la que se guardaban las copias de los trámites de escrituración, lo que generó suspicacias, pero nunca se investigó si el fuego se inició intencionalmente.

Los meses siguientes surgieron supuestos vínculos entre los imputados y funcionarios judiciales.

Puntualmente se acusó a un fiscal del Tribunal Oral Penal de haberse valido de estas maniobras para, junto a su hijo, supuestamente “comprar” terrenos en zonas privilegiadas de la localidad correntina de Santa Ana, a unos 10 kilómetros de la Capital.

Esta acusación fue remitida al Consejo de la Magistratura, pero ningún juez interviene en una investigación respecto de esta supuesta maniobra.

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