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Corrientes
26 septiembre 2022

El drama de una mujer y sus hijas a las que quieren quitarles la casa por una cuestionable causa

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Un prestamista, un funcionario judicial y hasta una jueza de Cámara, serían parte de un intrincado cúmulo de vericuetos judiciales que buscan despojar de su vivienda a una mujer desocupada y a sus dos hijas menores.

La trama deriva en graves perjuicios a Sonia Morales, una auxiliar de la salud, quien actualmente carece de trabajo formal y que vive de hacer changas.

Ella habita una vivienda del barrio Niño Jesús desde hace 50 años, pero ahora podría quedar literalmente en la calle, junto a sus hijas.

Es que en dos oportunidades la Justicia emitió fallos desfavorables para ella en el marco de una causa judicial que apunta a despojarla de su casa.

Los argumentos jurídicos son muy cuestionables, más aún si se tiene en cuenta que los principales interesados en su desalojo tienen vínculos con el Poder Judicial.

La mujer habita el inmueble desde que nació. Debido a problemas de salud, su madre la dejó allí al cuidado de sus tíos quienes la criaron.

Esta pareja tenía un hijo quien, al cumplir la mayoría de edad, dejó de convivir con ellos, para luego tener su propia familia.

Desde entonces, Sonia se encargó del cuidado de sus tíos, hasta que fallecieron.

“En todo ese tiempo, este hijo nunca se preocupó por sus padres, ni tampoco reclamó la propiedad, nunca estuvo interesado en hacer ningún reclamo. El año pasado falleció”, contó Morales.

Tras esto, el hijo de su primo inició una acción judicial para desalojarla de la casa que ella habitó toda su vida.

Para ello había iniciado un juicio sucesorio, pero la Justicia obvió informarle a Sonia Morales de la existencia de esa acción judicial.

Otra cuestión que llamó la atención es que los funcionarios judiciales avanzaron en el reclamo de la vivienda sin tener en cuenta que el reclamante nunca vivió en el lugar y que su padre -quien podría haber heredado el inmueble- no sólo había abandonado el lugar, sino que nunca tuvo interés en ese bien, explicó la mujer afectada.

La causa iniciada lleva el número 128921/16 y se originó en el Juzgado Civil y Comercial 2 de la ciudad de Corrientes, cuya titular es la magistrada Graciela Lisceiko.

Esta magistrada consideró que, pese a que el reclamante nunca tuvo relación con sus abuelos, que jamás vivió en el terreno, ni tampoco había abonado ninguna tasa o servicio, debía acceder al inmueble.

La jueza, además, dispuso que la señora Sonia Morales abandone la vivienda pero, llamativamente la orden de desalojo fue emitida contra las dos hijas de la mujer, de 14 y 16 años -menores de edad- que no son parte del expediente.

El hecho, además, implicaría una clara violación al artículo 75 inciso 11 de la Constitución Nacional donde se establece que los Tratados Internacionales tienen rango Constitucional, entre ellos los que amparan los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y también a la normativa supranacional que establece el acceso a la vivienda como un Derecho Humano.

Lo que se advirtió también es que un desalojo ordenado a los menores significa desconocer la Constitución Provincial que en su Artículo 41 indica que “el Estado asegura a los niños, niñas y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, los siguientes derechos y garantías: a ser oídos por la autoridad competente, a que su opinión sea tomada en cuenta al momento de arribar a una decisión que los afecte y a ser asistidos por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que los incluya…” .

Pero, además, en el proceso nunca se citó a las menores afectadas para que se expresen en relación al pleito en curso, lo que implicó un desconocimiento de la jueza de la Ley Nacional 26.061, en la que claramente se establece “el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta”.

Estos fueron algunos puntos del argumento presentado por la señora Morales ante la Cámara de Apelaciones de Corrientes.

Pese al daño causado a las menores, la Cámara de Apelaciones de Corrientes ratificó la orden de desalojo.

La familia judicial

Quien reclama el desalojo de las menores y de su madre es G.J.F.F., quien figura en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos como un empresario dedicado a la venta de motocicletas y repuestos.

Pero, de manera informal, además, se dedicaría a realizar préstamos de dinero por fuera del sistema financiero, principalmente a personas que no pueden acceder a financiamiento bancario, según trascendió.

En diciembre último este hombre, formó una empresa en sociedad con su hermano. La firma está dedicada a la venta de vehículos.

Según su declaración en la causa obtiene por esa actividad una ganancia mensual de $1.347.641, una cifra que le permitiría adquirir a una vivienda digna en la ciudad de Corrientes.

Los dueños de esta empresa, tendrían otro hermano que se desempeñaría como escribiente del Poder Judicial, hecho que le permitiría estrechar vínculos con funcionarios y jueces.

Asimismo, estos serían sobrinos de una jueza de Cámara -cuyo fiscal se vio involucrado en un escándalo por terrenos usurpados- quien también con importantes contactos en el Poder Judicial como en el Ejecutivo.

Es por ello que los argumentos de los fallos de primera instancia y en la Cámara de Apelaciones son llamativos, ya que no solamente vulneran los derechos de los menores, sino que también deja desprotegida a una mujer humilde ante el poder que podría ejercer un hombre de negocios y con importante poder adquisitivo.

La orden de desalojo aún no está firme. La causa ahora fue elevada al Superior Tribunal de Justicia. Será el máximo órgano judicial de la provincia el que deba determinar si echa a la calle a dos niñas y a su madre o les garantiza cobijo, es decir, el Derecho Humano a la vivienda.

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