Un año después del brutal crimen de Sergio “Checho” Canteros y de su padre, Julio “Minto”, nueve acusados de haberlos atacado en su casa son juzgados en la ciudad de Mercedes.
Los imputados pertenecen a la misma familia, pero entre ellos no está la sindicada por los familiares de las víctimas como la autora intelectual de los asesinatos: Ramona Villalva, quien, según las acusaciones, tiene vínculos políticos con el Gobierno provincial y hasta con el fiscal de la causa.
Este martes 2, en la ciudad de Mercedes, inició el debate en que se ventilará lo ocurrido el 6 de agosto de 2021 y que derivó en el “doble homicidio triplemente agravado” en perjuicio de los Canteros.
En el inicio, lo que hizo el Tribunal Oral Penal de Mercedes es establecer una cláusula que linda con una violación a la libertad de prensa y a la publicidad de los actos jurisdiccionales, como también podría afectar la condición de “juicio público”.
Es que los tres magistrados dispusieron que los comunicadores sólo accedan a las jornadas que serán transmitidas en vivo vía internet: los alegatos de apertura, los de clausura, el veredicto, la explicación sucinta de juez y la sentencia de determinación de pena.
Además, los magistrados autorizaron el pedido de las defensas de que los medios de comunicación no divulgaran imágenes de las pruebas y testimonios de los testigos previstos.
De esta forma queda vedado a la sociedad el conocer el desarrollo del proceso “oral y público” en relación al episodio en que padre e hijo fueron asesinados a golpes y puñaladas en el patio de su casa, frente al santuario del Gauchito Gil de la ciudad correntina de Mercedes. Que ocurrió cuando intentaban repeler el ataque de una horda que pretendía ocupar a la fuerza el terreno para la instalación de puestos de venta y cobrar por su uso.
El debate está a cargo del Tribunal Oral Penal de Mercedes, integrado por los jueces Juan Manuel Muschietti, Jorge Troncoso y María Eugenia Ballará. En la primera jornada se escucharon los fundamentos de la acusación del -cuestionado- fiscal Adrián Casarrubia, quien explicó las imputaciones en relación al doble asesinato de padre e hijo de 64 y de 33 años, respectivamente.
Sindicó como posibles responsables a Luis Walter Astarloa, Jonathan Natanael Astarloa, Maximiliano Contreras, Carlos David Molina, María Magdalena Astarloa, Juan Ramón Rivero, Gisella Paola Astarloa, María José Obes y un menor de edad (al momento del hecho).
El fiscal indicó que se trata de una “organización familiar para atentar contra la vida de dos personas” y se refirió a la instigación de algunos integrantes del grupo en relación a otros, además de hacer énfasis en indicios de criminalidad evidentes, basado en las armas blancas utilizadas en la pelea y los golpes propinados a los fallecidos, entre otros aspectos.
Luego el abogado Marcos Harispe, quien es el querellante en representación de la familia Canteros, coincidió con la figura de la instigación y también sostuvo la tesis de un accionar premeditado por parte de los procesados en relación a los dos fallecidos.
Aclaró que “los nueve imputados están detenidos y, si bien llegan acusados de doble homicidio triplemente agravado, algunos tienen distintas responsabilidades”.
En ese sentido, precisó que entre los acusados se encuentra el autor del hecho, y el resto es coautor o partícipe, en tanto que una persona fue sobreseída en la instrucción de la causa, que estuvo a cargo del fiscal Adrián Casarrubia, el mismo que representa al Ministerio Público en el debate.
El abogado adelantó que hay unos sesenta testigos convocados para este juicio, en el que se determinará las responsabilidades del doble crimen cometido en la propiedad de Sergio Canteros, donde los agresores pretendían instalar puestos de venta.
Los defensores
La representación de los imputados las ejercen los abogados Andrés Antonio Gauna; José Sebastián Alegre; Guillermo Andrés Farquharson; Horacio Aníbal Alonso; Marcelo Hanson, y las oficiales, doctores Edgardo Gustavo Grimberg y Julieta Lacroze.
Los defensores entendieron que las muertes se produjeron en el marco de una pelea iniciada por los fallecidos en un contexto de rivalidad territorial donde cada uno explotaba zonas diferentes.
Rechazaron la hipótesis de una asociación ilícita, emboscada o asociación con la finalidad de cometer un delito.
“No hubo un ataque pergeñado, ni premeditado, sino que concurrieron varias circunstancias ese día que se sumaron a la personalidad de cada una de las personas intervinientes” sostuvieron.
Además, cuestionaron que el Fiscal sólo hubiera investigado a los Asterloa y no se detuviera a analizar la dinámica de la pelea. Solicitaron la absolución de sus clientes.
En el debate, estuvo presente de modo virtual la doctora María Susana Galeano, jueza especializada en familia, niñez y adolescencia de Curuzú Cuatiá, por la eventual responsabilidad que pudiera caber a quien en el momento del hecho fuera menor de edad.
Invasión fatal
El ataque ocurrió el 6 de agosto de 2021, cuando padre e hijo fueron brutalmente atacados en el patio de su vivienda, por un grupo de hombres vinculados con la administración del predio comercial que rodea a la Cruz Gil, el santuario más grande de veneración al Gaucho Gil, ubicado sobre la ruta nacional 123, a unos siete kilómetros de Mercedes, en el centro de la provincia de Corrientes.
La acusación indica que hubo dos ataques, en el primero, la horda intentó intimidar a Jessica Rodríguez, la esposa de Sergio. La mujer se hallaba en el inmueble familiar junto a sus hijos menores. Enterados de la situación, Sergio y su padre regresaron de su lugar de trabajo a la casa.
En ese entonces se produjo el segundo avance de los atacantes. Sergio murió el mismo día del hecho, mientras que su padre falleció 72 horas más tarde, ambos a raíz de los golpes y puñaladas sufridas.
A su vez, durante el ataque también resultó herido de arma blanca un cuñado de Sergio Canteros.
“Irrumpieron como en el lejano oeste, directamente a copar el terreno, con armas blancas de todo tipo”, informó en aquel entonces el jefe de la policía de Corrientes, comisario general Félix Barboza.
¿Investigación?
La policía allanó luego el predio del Gaucho Gil donde secuestró las armas con las que presumiblemente se concretó el ataque, entre las que había cuchillos, machetes y hasta un espadín.
Además, una comisión de la División Delitos Complejos de la fuerza provincial se constituyó en la localidad para analizar las comunicaciones que se desprenden de los teléfonos celulares incautados en los procedimientos.
Pese a haber sido nombrada como posible responsable del hecho, la encargada de administrar el predio, Ramona Villalba, ella no fue imputada.
Por su parte, amigos y familiares de las víctimas, encabezados por Yésica Rodríguez, pareja de Sergio “Checho” Canteros, realizaron marchas y cortes en la ruta nacional 123 para exigir justicia y también el saneamiento de la institución que administra el santuario, hacia donde se dirigen las principales sospechas de incitar la toma del terreno en disputa.
Es que 10 días antes del ataque, Sergio Canteros había formulado una denuncia por amenazas recibidas en el marco de esa disputa.
El fiscal Adrián Casarrubia no actuó.
“Tengo videos de sus amenazas hacia mí y mi familia, entraron a mi propiedad y nos gritaban que a Checho lo iban a devolver dentro de un cajón”, aseguró Jessica.
“Hace años venimos denunciando estas conductas y creo que buscaban cansarnos para que dejáramos el lugar”, añadió la mujer.
Luego del crimen, ella, sus hijos y su suegra, abandonaron la casa familiar que en la que vivían y de la que tienen título de propiedad.
Algunos de los testigos también abandonaron en pueblo, porque temen por su integridad ya que, aseguran, no todos los involucrados en el doble crimen fueron imputados.
