Quienes serán procesados son ocho personas, que pertenecen a distintas fuerzas y son oriundas de varias localidades.
La causa judicial, que investiga a los efectivos policiales, se inició por un trabajo del titular del Juzgado Federal 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, que sin embargo se declaró incompetente en razón del territorio en la investigación. Entre otros argumentos, expuso que el contrabando de los granos se concretaba en la zona de la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen, y por ello la competencia legal le correspondería a su par de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero.
Las defensas de los imputados, en su momento, habían expresado que la investigación le correspondía al Juzgado Federal de Posadas y que no había delito federal, por lo que debería actuar la Justicia ordinaria, aunque esto fue desestimado. Finalmente, fuentes del caso confirmaron que la Cámara de Apelaciones de la provincia de Corrientes hizo lugar a la inhibición de Vallejos y la investigación seguirá en la capital del trabajo.
Los ocho encausados son acusados de liberar las rutas a los camiones sojeros a cambio de importantes sumas de dinero. La mayoría se encuentra en libertad, pero con un procesamiento firme dispuesto por la misma cámara, lo que quiere decir que la causa está muy avanzada.
Restarían incorporarse algunos elementos, pero según los jueces de Apelaciones, “de dicha organización formarían parte más personas, que integrarían diversas fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones y Corrientes, e incluso de las fuerzas federales, como la Gendarmería y la Policía Federal”.
Todo se inició el 14 de octubre de 2020, luego de que gendarmes incautaran 28 kilogramos de cocaína que estaban siendo trasladados por la ruta nacional 12, a la altura de Itatí, en un Renault Megane. El cual, finalmente, tras una persecución fue abandonado por sus ocupantes, y en la requisa los efectivos se toparon con dos mochilas conteniendo la droga y teléfonos celulares, que al ser analizados revelaron la organización ilícita.
