Federico G. A. Zamudio.
El 1 de junio de este año falleció Octorina Zamora, quien triunfando en plena guerra por los derechos colectivos, no pudo vencer a la enfermedad.
Desde hace unos 30 años la lucha para visibilizar los abusos y violaciones sufridos por los aborígenes de Argentina ha empezado a tomar mayor notoriedad, principalmente porque en 1992 la conocieron a Octorina Zamora los medios de comunicación de Salta, cuando le hizo frente al gobernador Roberto Augusto Ulloa, el capitán de navío que cumplía su mandato constitucional luego de haber sido gobernador de facto en la última dictadura cívico militar en el país. La mujer y otras diez personas de la nación wichí exigían la entrega de los títulos del territorio de uso ancestral.
Para explicar su actividad la mujer había comentado: “Yo milito desde los trece años, con la base de la educación de mis padres, la conciencia de mi familia, la educación. Vengo de una familia de shamanes, que siempre ha vivido perseguida por la iglesia anglicana, que nunca aceptó a la familia de los sabios wichí, a la familia de los shamanes, porque decía que éramos familia de brujos, entonces no se podían hacer las prácticas, no se podía dar a conocer, porque nos echaban de la comunidad. (…) Mi familia ha resguardado esa religiosidad como ha podido, esa parte tan valiosa que llevo con mucho orgullo. Y hoy podemos hacer una prédica más libre de lo que somos. Ser religiosa wichí es justamente ser guardiana de tu pueblo, de tu territorio, de tu espíritu”.
“Nosotras las mujeres wichí somos celestiales, somos las dadoras de vida, las mujeres estrellas. Sin nosotras no hubiera existido la humanidad wichí. Nosotras fuimos las que educamos al macho que habitaba en la tierra, nosotras humanizamos al macho que estaba en la tierra”, había recalcado la luchadora de los derechos de los pueblos originarios, y en función de su lucha logró que se dieran a conocer las aberraciones cometidas a niños, hombres y mujeres de las comunidades indígenas.
En 2019 un tribunal de la provincia argentina de Salta condenó a 17 años de cárcel a seis hombres por la violación en grupo de una niña de etnia wichí, de 12 años, la que padecía una deficiencia mental. Este fallo reparador fue un primer paso para visibilizar el delito de “chineo” -como se conoce en Argentina a la violación, por parte de hombres “blancos”, de niñas, niños y mujeres indígenas-, y a agrietar la impunidad con la que se ha perpetrado durante siglos en las zonas rurales y empobrecidas del noroeste y del nordeste, y que está extendida también en el resto del país, pero con menor eco por parte de la Justicia.
El chineo es la violación sistemática de niñas indígenas desde los siete años a manos de los “criollos”: hombres adultos, terratenientes, con poder político y económico. La práctica, con un fuerte componente machista y racista se remonta a la conquista española, y está enmarcada dentro del etnocidio que sufren los pueblos originarios desde hace cientos de años, que se ha acentuado con el extractivismo y la explotación de los cuerpos y los territorios, propio de los gobiernos neoliberales que parasitan una gran parte del territorio argentino.
Estas manifestaciones se deben principalmente a que la oligarquía que rige los latifundios considera que los cuerpos de esas niñas y mujeres indígenas les pertenecen como la tierra, las fincas, las estancias y la producción. Cuerpos convertidos en una extensión de la propiedad semifeudal o capitalista, acentuando un odio racial que intenta mostrar una superioridad cultural, étnica y masculina inexistente.
Todo el movimiento y la acción para contrarrestar lo que en un principio quisieron mostrar como una “actividad cultural muy arraigada en los pobladores”, ha sido fundamental para que hoy las problemáticas de las mujeres indígenas ocupen mayor espacio en la agenda pública y en los niveles institucionales.
Debido a ello fue creada una dependencia nacional en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que aborda las violencias por razones de género contra integrantes de los pueblos indígenas, y en algunas localidades se hicieron eco de ello, creando áreas relacionadas al tema, como la Municipalidad de Neuquén, que creó el de la Mujer Mapuche en la Subsecretaría de las Mujeres, habida cuenta de la intensa actividad del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), interviniendo donde se realizan denuncias y concretando actividades de concientización e informativas.
Asimismo, a nivel internacional podemos mencionar entidades que articulan con los entes locales, formando una red americana que se esfuerza por obtener los derechos colectivos y su respeto consecuente. Como dato anecdótico cabe mencionar que en otros procesos las mujeres indígenas no se identifican como feministas, pero sí como mujeres luchadoras indígenas. Además, inmersos en la misma lucha hay organismos internacionales, como el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (Fimi) y el Enlace Continental de Mujeres Indígenas (Ecmia).
A los 64 años una grave enfermedad obligó a la incansable luchadora a abandonar la lucha activa, pero su enorme legado ya abarcaba innumerables logros, y uno de los que más la enorgullecía era haber conseguido que su hija, Tujuayliya Gea Zamora, terminara en Cuba sus estudios y se convirtiera en la primera médica wichí; y fue esta última quien, poco después de su internación y luego de que la hora final de su madre hubo llegado, dijo a los medios de prensa: “Octorina i leiyejh hohnat” (Octorina dejó la tierra).
