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20 abril 2024

Piden enjuiciar a un ex secretario judicial y a un ex juez federal acusados de realizar escuchas ilegales

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Un secretario del juzgado federal 1 de Corrientes, separado de su cargo por diversas causas en las que es investigado, será sometido a juicio como acusado de intervenir en forma ilegal el teléfono de su esposa.

En el caso en el que también está involucrado el exjuez Carlos Soto Dávila, quien en 2019 había logrado la falta de mérito por estos hechos.

En las últimas horas, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, como subrogante en juzgado de la capital correntina, resolvió elevar a juicio el expediente que tiene como imputado al exsecretario judicial Pablo Molina.

Molina está acusado de ser autor de los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y amenazas, en concurso real entre sí”.

Puntualmente de lo que se lo acusa es de manipular expedientes judiciales de investigaciones a de delitos financieros.

Lo que expusieron los investigadores es que Molina habría cambiado en le expediente los números de teléfono que debían ser intervenidos por el de su esposa y el de un abogado. De esta forma, accedió a los diálogos que la fémina mantenía con su teléfono celular privado.

La investigación que se inició el 15 de marzo de 2019 a raíz del hallazgo en el despacho de Molina un total de 28 discos compactos con el producido de intervenciones telefónicas realizados sobre dos abonados radicados en Resistencia, Chaco.

Las comunicaciones telefónicas fueron producidas entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014 entre la pareja de Molina y un abogado.

De acuerdo con el expediente, las escuchas fueron solicitadas por la secretaría y autorizadas por el entonces juez Soto Dávila, en el marco de una investigación federal por la adulteración de documentaciones para el uso y disponibilidad de vehículos secuestrados a un empresario condenado por narcolavado.

La justificación de las intervenciones fue que el teléfono correspondiente a la mujer estaría relacionado a operaciones de narcotráfico.

“De la totalidad de las conversaciones percibidas no se podría extraer el mínimo indicio que permita vincularlas con actividades en infracción a la ley 23.737 (de estupefacientes), ni con ningún otro delito de competencia federal”, indicó la resolución de elevación a juicio.

Pero, además, sobre la base del dictamen de la fiscalía federal a cargo de Flavio Ferrini que siguió el caso, se estableció que “en la mayoría de los diálogos -algunos de los cuales superaría la hora de duración- se habría constatado una misma situación: el funcionario judicial, Pablo Carlos Molina, dirigiría a quien sería su pareja, con violencia, mediante constantes insultos, amenazas y agresiones”.

En ese sentido, el expediente transcribió una charla de Molina con su pareja en la que manifestó: “no tenés tiempo para mí; soy un violento, un hijo de puta, no te acerques más a mí porque soy una persona violenta, que en cualquier momento te puede arrancar la cabeza, ándate de mi lado… porque te voy a matar.”

Y luego le siguió un pasaje atribuido a la mujer: “Cuando murió la tía Beba yo te pedí que me acompañaras, llorando, que me acompañaras al velatorio, me dijiste ‘ni en pedo me voy ahí con todos…’ me encajaste un chumbo en la cara. ¿Vos sos consciente de lo que vos me provocaste Pabli?”.

De esto se interpreta que el funcionario judicial, además, habría portado armas de fuego con el que habría amenazado de muerte a la mujer.

Por otra parte, la juez Pozzer Penzo ordenó “de forma prioritaria y de conformidad a lo solicitado por el Fiscal Federal, extráiganse los testimonios pertinentes para continuar la instrucción respecto del doctor Carlos Vicente Soto Dávila dentro de las 24 horas”.

Es que, si bien, se había establecido la falta de mérito, esta resolución fue apelada.

Tanto Soto Dávila como Molina están, a su vez, siendo juzgados en otro debate oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por el supuesto cobro de coimas a narcotraficantes de Itatí, en el marco de una presunta asociación ilícita en la que también fueron investigados un exintendente, abogados y traficantes de droga.

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