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Corrientes
29 marzo 2024

La fraudulenta tercerización de la Dpec marcha impunemente y con viento en popa

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Federico G. A. Zamudio.

Bajo la atenta mirada conspirativa del Gobierno de ECO-Cambiemos, la empresa distribuidora de energía defrauda a placer a los usuarios de Corrientes.

Permanece constante la preocupación sobre la ineficacia e ineptitud de la entidad estatal, cuyo accionar perjudica permanentemente a los habitantes, los cuales deben recurrir a la inventiva para paliar el calor o el frío sin energía, o rogar a los dioses de la electricidad que los cables pelados no se corten y causen algún siniestro.

Para demostrar que no solo fallan en las cuestiones prácticas, extendió su inoperancia a la parte administrativa, ya que para darle seguimiento a los morosos incluyó a una empresa privada -resistida por la Cámara de Diputados, pero que tiene una gran relación con el poder gobernante- llamada IGECH SA, etiquetada como estudio jurídico y cuyo manejo (según el acta de renovación de directorio del año 2019) se atribuye a Gustavo José Ingaramo, Graciela María Gómez Vara y Elena Beatriz Chatelet.

Vale aclarar, que el procedimiento de tercerización fue digitado y no se realizó por los canales legales, para que la empresa cumpla funciones de cobrador, lo cual fue anunciado con fanfarria en el sitio web de la Dpec, el 15 de julio de 2021, y se le daba la responsabilidad de regularizar la situación de deuda de los usuarios con la empresa. Curiosamente, después de semejante afirmación el aviso fue quitado del sitio.

La empresa intervenida desde hace una eternidad, y que cuenta con más de 1.400 empleados -algunos de los cuales no cuentan con las mínimas condiciones de seguridad cuando tratan de reparar las viejas conexiones-, sin realizar aclaraciones ni dar explicaciones mantiene su irreverente trabajo.

De esta manera, son incontables los usuarios que tuvieron que sufrir los desmanes dictatoriales de la entidad provincial, algunos de ellos saldaron su deuda sin oír de la tercerización, pero pagando abultados montos a causa de los intereses, los cuales jamás son satisfactoriamente detallados.

Otros tuvieron menos suerte, uno de los que se dio de lleno contra el estudio jurídico contó que fue atendido rápidamente en las oficinas ubicadas en San Martín 907, luego de esperar que la cajera dejara de enviar mensajes desde su celular, y sin recibir mayores explicaciones fue enviado (para regularizar su situación: 3 facturas impagas) a la dirección de IGECH SA, San Juan 1222, donde le cobraron lo adeudado -poco más de $11 mil- y los honorarios del estudio, alrededor de 1.300 pesos.

Esto último es un hecho extraño, ya que toda empresa que contrata paga los honorarios a la contratada, pero aquí lo debe saldar el usuario, en una maniobra que solo puede denominarse fraudulenta. Otro detalle a tener en cuenta es que, de la totalidad de morosos consultados ninguno recibió una intimación que no fuera de la Dpec. Pareciera que el estudio jurídico hasta ahora solo se queda cómodamente esperando a que le envíen incautos.

La Dpec y el Estado provincial nuevamente juntos para cometer otra de sus “travesuras”

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