Se trata del juicio que se abrió a fines de junio por supuestos sobornos del narcotráfico en el Juzgado Federal 1 de Corrientes.
El ex juez federal Carlos Soto Dávila es juzgado junto a sus ex secretarios penales Molina y Federico Grau, así como a los abogados Tomás Viglione, Duylio Barboza Galeano y Gregorio Giménez, y el ex intendente de Empedrado, Juan Faraone.
En la primera audiencia de debate Quiñones manifestó su coincidencia con los fundamentos de la abogada defensora del ex secretario judicial Pablo Molina, Valeria Corbacho, quien planteó la recusación de todos los fiscales.
El Ministerio Público, conformado por Carlos Schaefer, el titular de la Procunar, Diego Iglesias, así como Mariano Uriona y Tamara Pourcel, avanzó entonces con una recusación que fue rechazada ayer por los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel Alberto Moreyra y Eduardo Ariel Belforte.
También los fiscales plantearon que el magistrado contribuyó a que se incumpliera con la lectura íntegra de la elevación a juicio y de las acusaciones a los imputados. En ese sentido, el magistrado fue explícito al señalar que se hubiera tardado “seis horas”.
Sobre el primer punto, los jueces que fallaron el miércoles a favor de Quiñones indicaron que la manifestación de coincidencia con Corbacho “ha sido el producto de la locuacidad frecuente del juez, quienes lo conocen saben que forma parte de su modo de ser, interactivo y comunicativo”.
El juez cuestionado interviene en el juicio por videoconferencia, pues se desempeña como magistrado natural de Formosa. Al respecto, los jueces federales que rechazaron la recusación indicaron: “En cuanto a los gestos y actitudes que también se le reprochan, hay que destacar que quienes intervienen en tele conferencia lo hacen desde un sitio doméstico y a distancia dentro de un entorno familiar, lo cual alienta un comportamiento diferente de quienes se encuentran presencialmente”.
Sobre la no lectura completa de la pieza acusatoria plantearon que está basado en “principios de celeridad y economía procesal”, y que no hacerlo “no implica prejuzgamiento alguno, tanto en los acuerdos como en los desacuerdos”.
Ahora, los fiscales cuentan con 10 días hábiles para recurrir en queja a la Cámara Federal de Casación, con el objetivo de revertir la decisión de los jueces de sostener al magistrado formoseño, y aunque hasta el momento no se tomó una decisión al respecto, en la audiencia preliminar a la resolución de este miércoles los funcionarios del Ministerio Público hicieron reserva de acudir a Comodoro Py.
El abogado que asesora a la defensa, Juan Francisco Soto Dávila, indicó que “se trata de magistrados que no se dejan disciplinar por los fiscales federales”, y agregó: “Hoy día tienen más estabilidad o inamovilidad (casi indestituibles), los fiscales federales que los jueces federales”.
Asimismo, aseguró: “La ley orgánica del Ministerio Público Fiscal es 100% vertical en lo que se refiere a inicio de mecanismo de remoción: depende de la decisión discrecional de la máxima autoridad, dar curso a una denuncia de juicio político. O sea, hoy dependen de que el Procurador General (Eduardo) Casal quiera o no destituirlos; en cambio, la ley del Consejo de la Magistratura no tiene ese escollo inicial”.
